Mucho antes de iniciarse el Paro Nacional ya el régimen de Uribe-Duque se parecía al temido régimen venezolano, por lo menos en concentración del poder en el Ejecutivo y el consecuente debilitamiento de la democracia. Hoy, el régimen tiene en los bolsillos de Uribe al Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría), a la Fiscalía y al Congreso. A lo que se suma el lento pero seguro proceso de privatización de la Policía nacional.
Con la entrega del informe de la CIDH sobre los crímenes, desafueros y brutalidad policial desplegada por el gobierno de Duque, ya Colombia superó a Venezuela. Y eso, sin contar las masacres que ya casi llegan a 50 en este 2021 y el sistemático asesinato de líderes sociales.
Así las cosas, este régimen parece hacer ingentes esfuerzos por acercarse a las temidas dictaduras del Cono Sur, como las que se vivieron en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. En lo interno, los guarismos alcanzados por el oprobioso gobierno de Turbay Ayala, el actual gobierno va camino a superarlos, si es ya que ya no lo hizo.
La cínica pero esperada reacción de Iván Duque ante el duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma que su descalificación de lo señalado en dicho informe es fruto del desespero que le produce el haber quedado expuesto ante el mundo como un aventajado alumno del curso de formación de sátrapa en el que lo metió Uribe.
El segundo asunto que confirma Duque es su enorme parecido con el gobierno de Nicolás Maduro: son dos regímenes militaristas. Un tercer asunto se relaciona con la poca importancia que Duque parece darle a la dimensión internacional, en particular lo que tiene que ver con la crítica por la violación sistemática de los derechos humanos. Y eso se explica en buena parte porque Colombia en el concierto mundial solo sirve como territorio para el saqueo de multinacionales, la producción de cocaína, la venta de armas en un creciente mercado negro, la apropiación de ecosistemas estratégicos por parte de corporaciones que hace rato hicieron ejercicios de prospectiva en material ambiental.
Aplaudo el informe de la CIDH y espero sendas demandas contra el Estado allí mismo, pero desconfío- y ojalá me equivoque- respecto a que la “comunidad internacional” conmine al Estado colombiano para que acoja las recomendaciones de la CIDH y modifique sustancialmente las maneras como viene operando este Gobierno, cada vez más capturado por mafias de todo pelambre.
Y como dijo el sátrapa, «ojo con el 2022», porque en poco menos de un año los colombianos asistiremos a una nueva campaña presidencial sucia y mentirosa. Es claro que el uribismo opera como peligrosa secta, con apenas sedimentos de partido político. Ya no podrán volver sobre la idea de que nos vamos a convertir en Venezuela, aunque cientos de miles de estultos seguirán diciendo que el expresidiario 1087985 es el muro que ha servido para contener la llegada del socialismo del siglo XXI.
La tarea de los progresistas, de la izquierda democrática y de quienes no comulgan con el uribismo, es usar el informe de la CIDH para enrostrarles a los millones de estólidos que aún le comen cuento a lo que dicen RCN, Caracol, CM&, la W y Blu Radio, y específicos medios regionales y locales de corte oficialista, que hace rato superamos a Venezuela en la violación de los derechos humanos y en el dañino híper presidencialismo. De pronto, llegaremos a la conclusión de que Pinochet, Stroessner y Videla fueron unos párvulos al lado de nuestros verdugos.
Por último, me hago la misma pregunta que Martín Santos en reciente trino: «Si el gobierno no está de acuerdo con el informe de la CIDH, ¿no debería Alejandro Ordóñez renunciar de inmediato»?
@germanayalaosor
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