Por GERMAN AYALA OSORIO
En Colombia, agredir a un servidor público es un delito. Esto no tendría discusión si los policías respetaran los derechos de los civiles, en particular los de aquellos que salen a las calles a exigir su cumplimiento. Si así ocurriera en lo institucional, muy seguramente no se habrían dado las violentas confrontaciones entre «agentes del orden» y manifestantes durante las movilizaciones del 21N de 2019 y las recientes del 28 de abril de 2021.
En días recientes una patrullera fue agredida por un joven por la espalda y a mansalva, quien le propinó una patada voladora que la dejó inconsciente. Por fortuna para ella, sin mayores consecuencias físicas, más allá del dolor del golpe. Los hechos ocurrieron en Medellín.
Esa acción violenta hay que rechazarla, así el agresor haya pensado que era válida por el violento marco de confrontación que se viene dando en Colombia desde el 28 de abril, día en el que se inició el Paro Nacional. De inmediato, la reacción de las autoridades locales fue ofrecer 10 millones de pesos para quienes entreguen información que facilite la captura del agresor.
En el 2019 un agente del ESMAD pateó en la cara a una mujer. La maniobra acrobática del servidor público fue grabada y fotografiada, lo que provocó el anuncio de la dirección de la Policía de la apertura de una investigación contra el agente, cuya identidad hasta el momento se desconoce. Y no se ha sabido que ese agente haya sido multado, separado del cargo o tachado con una nota negativa en su hoja de servicios. Tampoco ha habido unas disculpas públicas por parte de la institución o el pago de la valoración médica de las posibles afectaciones al rostro de la joven pateada.
Estos dos casos tienen en común, primero, la actuación violenta de dos machos contra igual número de mujeres. Desprecio de ambos por la condición de mujer, independientemente de que una de ellas haga parte de la Policía Nacional. Otras expresiones de desprecio e irrespeto a la condición de mujer son los actos de violencia sexual protagonizados por agentes del Esmad.
El segundo asunto, la valoración diferenciada que se hace de las agresiones que sufren las mujeres aquí señaladas. Ofrecer una millonaria suma de dinero por la captura de un solo macho agresor, mientras que al parecer la dirección de la Policía nacional echó en el olvido la otra acción, también brutal, del policial que golpeó a la joven en Bogotá en el 2019, se torna abusiva, al tiempo que deja ver una acción de encubrimiento y naturalización de la violencia si se origina en las huestes estatales.
El tercer asunto expone el deterioro de las relaciones entre unos y otros. El Policía que pateó a la joven la veía como un potencial enemigo, de ahí que con su patada voladora, buscara “neutralizarla”, con lo que esto significa en el argot de las Fuerzas Armadas. Lo mismo se puede decir del joven macho que pateó por la espalda a la patrullera. Ese ataque agrava el sentido negativo con el que el muchacho se representa a la mujer, a las patrulleras y en general, a quienes portan un uniforme.
Ni la patada voladora del agente del Esmad es legítima, como lo dijo el expresidiario Álvaro Uribe, ni la que recibió la patrullera.
«Publíquese y cúmplase».
@germanayalaosor
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