Por HUMBERTO TOBÓN*
Está sucediendo algo inaudito. Mientras la Corte Suprema de Justicia ordena que es necesario adoptar medidas para asegurar la supervivencia del Parque Nacional Natural de Los Nevados, que brinda agua a 4 millones de habitantes en la región RAP Eje Cafetero y Norte del Valle y, además, obliga a tomar decisiones administrativas relacionadas con las actividades productivas y humanas que se desarrollan en este ecosistema, para evitar la continuidad de los daños ambientales, se sabe que hay comunidades indígenas que se instalarán en este lugar, ocupando cerca de mil hectáreas, que no se sabe si las están comprando o el gobierno se las está cediendo.
Este hecho ha sorprendido a los gobiernos locales y territoriales y a las corporaciones autónomas, a las que la justicia les ha exigido cumplir un plan de manejo en el parque Los Nevados y donde la Presidencia de la República es la responsable de liderar todo este proceso.
Si se llega a concretar el poblamiento de esas mil hectáreas, no sólo se estará desconociendo una decisión judicial de la Corte, sino que se pone en riesgo la oferta hídrica para una amplia capa de la sociedad colombiana.
Paradójicamente, mientras el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente promueve internacionalmente la COP16 como un elemento fundamental para proteger la biodiversidad, las autoridades encargadas de cuidar el Parque no están actuando con el rigor que se necesita, para evitarle daños a uno de los ecosistemas que está en mayor riesgo en Colombia.
En el parque Los Nevados hay cerca de 3.000 cabezas de ganado; una parte muy importante de la tierra es propiedad de terratenientes, algo incomprensible para la Corte Suprema de Justicia; y centenares de familias que desde hace muchos años han venido ganándole espacio a este ecosistema y reemplazando el bosque de páramo por sembrados de papa. Además, se sabe que migrantes extranjeros han venido ocupando este lugar.
En momentos en que las autoridades ambientales y administrativas de la región debaten sobre cómo crear un mecanismo para la compra de tierras en las cuencas media y alta para proteger el ecosistema y de paso intentar un programa de pago por servicios ambientales, hay organizaciones saboteando el procedimiento.
Como si lo anterior fuera poco, se acaba de saber, según declaraciones del director general de la CARDER, Julio César Gómez, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó tierras a una fundación en inmediaciones de la bocatoma que surte el acueducto de Pereira, la que ha sido cuidada con total esmero durante los últimos cuarenta años.
La incomprensible decisión de afectar una zona de protección hídrica en la cuenca del río Otún, que provee agua para los municipios de Pereira y Dosquebradas, o sea, para cerca de 700 mil habitantes, exige una posición de rechazo de todas las fuerzas sociales de Risaralda.
Hay que recordar que existe una sentencia de 2023 emanada del Tribunal Superior de Pereira, en la que se declara el río Otún como sujeto de derechos. Esto debe ser suficiente para que la SAE reverse sus decisiones de otorgar tierra donde no se puede.
@humbertotobon
*Gerente de la RAP Eje Cafetero
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