Por GERMÁN AYALA OSORIO
La corrupción público-privada en Colombia deviene ya naturalizada, y sus principales agentes se sirven ahora del ejercicio de la política para hacerse poderosos e intocables. Los efectos que dejan los corruptos y sus prácticas son claros: en Colombia se entronizó un ethos mafioso que guía las relaciones y transacciones sociales, económicas y políticas.
El ejercicio periodístico ha servido para develar los entramados de esa corrupción, en la que brillan con luz propia políticos profesionales, empresarios, presidentes de la República, gerentes y presidentes de importantes compañías estatales y privadas (nacionales y multinacionales). Por supuesto que también el periodismo y específicos periodistas han servido para ocultar o minimizar los escándalos de corrupción público-privada, en buena medida por los compromisos adquiridos cuando las empresas mediáticas son compradas por poderosos conglomerados económicos.
Por fortuna todavía existen periodistas honestos, que se encargan de develar las redes de una corrupción que ya carcomió los cimientos éticos de la sociedad y está moralmente confundida. Aunque el listado de periodistas comprometidos con el desarrollo de esa actividad es corta, el país ha conocido varias investigaciones periodísticas que no solo han servido para apresar bandidos de cuello blanco, sino para incomodarlos en su día a día, cumpliendo uno de los principios más importantes del periodismo: molestar a los poderosos, en particular cuando estos no son ejemplo de rectitud y moralidad.
Para nombrar solo un par de investigaciones y denuncias periodísticas, baste con recordar los casos del congresista Eduardo Enrique Pulgar, condenado por la Corte Suprema de Justicia y declarada su muerte política por el Consejo de Estado, por las denuncias que en su momento hizo el periodista Daniel Coronell. De igual manera, el trabajo periodístico desarrollado por el periodista Gonzalo Guillén que sirvió a la justicia para procesar y condenar a políticos como Kiko Gómez; y también, para advertirle al país sobre las andanzas de Álvaro Uribe Vélez, desde cuando este fue director de la Aerocivil.
Recientemente apareció en Colombia, para bien del periodismo, el portal Cuestión Pública. Hacen parte de este nuevo medio periodistas serios, honestos y profesionales, que han puesto los dedos en varias llagas. Uno de sus trabajos de análisis está relacionado con lo ocurrido en Cali en el marco de las protestas sociales. Lograron demostrar la connivencia entre los llamados “paraciviles” o “gente de bien”, cuyos miembros salieron a echar bala a manifestantes, con la anuencia de agentes de la Policía nacional.
Posteriormente, los mismos reporteros de Cuestión Pública, en asocio con los equipos periodísticos de La Vorágine y La Liga contra el Silencio, adelantaron una investigación a la que titularon “Sabemos lo que Hiciste la Legislatura Pasada»: investigaron a 75 senadores/as, escogidos por la comunidad de Cuestión Pública en un sondeo abierto. Esta serie investigativa tuvo dos temporadas, entre 2020 y 2021.
El resultado de esas indagaciones periodísticas tocó al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien «tiene antecedentes que incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro”.
Pues bien, ahora los periodistas que descubrieron esos antecedentes de Juan Diego Gómez, sufren lo que se conoce como “acoso judicial” por parte del señalado político. Gómez instauró denuncia penal en contra de las cofundadoras de Cuestión Pública, Diana Salinas y Claudia Báez. A pesar de estar protegido por la Constitución Política, el ejercicio periodístico en Colombia se ha visto abocado a este tipo de arremetidas judiciales que solo buscan acallar a quienes con arrojo y valentía, buscan exponer la inmoralidad, las graves omisiones y las prácticas nocivas, ilegales y lesivas en las que incurren servidores públicos que deben ser faros éticos y morales para la sociedad.
Es de suma gravedad, para la democracia y para el ejercicio mismo del periodismo, que el acoso judicial en contra de los periodistas se naturalice y se legitime. Sería conveniente que las altas cortes pongan límites a quienes ostentan poder político y capacidad económica, pues en lugar de responder a los señalamientos periodísticos, optan por demandar penalmente a los periodistas. De igual manera, se necesita que los jueces, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación revisen las investigaciones periodísticas para establecer si hay méritos para abrir investigaciones en contra de los políticos que la prensa señala. También sería importante que los congresistas de la Oposición salgan en defensa de la prensa libre.
La FLIP sostiene que “el acoso judicial no es una estrategia nueva de silenciamiento. Ha sido empleada en todo el mundo contra organizaciones sociales, pero ahora parece haber un auge del uso de este mecanismo contra la prensa. Entre el 2018 y el 2020, la FLIP registró 140 casos de acoso judicial contra periodistas en Colombia. En el mismo período, ARTÍCULO 19 registró 81 casos. La FLIP empezó a registrar los casos de acoso judicial en Colombia en el año 2017, cuando se contaron 14 casos. En el 2018 fueron 38. 66 en 2019 y finalmente, 36 en 2020”.
Esa parte de la sociedad que no cohonesta con la corrupción público-privada tiene la obligación moral de salir a defender el trabajo de los periodistas que, arriesgando sus vidas, están dispuestos a exponer públicamente a quienes nos avergüenzan como colombianos. Desde esta tribuna, mi respaldo y admiración a las colegas y a los demás integrantes del portal Cuestión Pública.
@germanayalaosor
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