Por HORACIO DUQUE
La actual crisis que afecta al territorio del Bajo Cauca antioqueño (incluido el sur de Cordoba, el sur oeste antioqueño y el norte de dicho departamento) bien puede superarse con la estrategia de la Seguridad humana y justicia social planteada por el presidente Gustavo Petro en el Programa del Pacto Histórico, que está en camino de convertirse en el Plan de desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida”.
Una solución integral a la protesta social de los pequeños mineros y campesinos sin tierra exige una adecuada comprensión del complejo fenómeno social que ha salido a la superficie con la violencia paramilitar. Allí se traslapan, desde la macro violencia de los Urabeños y demás bandas, la arremetida del Clan del Golfo y la telaraña neoparamilitar (Caparros, los del Bajo, la Víctor Peralta, los Macacos, Cartel Jalisco Nueva Generación y paisas de Envigado), la minería ilegal contaminante, la ilegalidad de militares y policías, la corrupción de las mafias políticas, el bloqueo del PNIS, el sabotaje a la implementación de los Acuerdos de paz y la violación sistemática de los derechos humanos, reflejado en el asesinato de líderes sociales, agrarios e indígenas y las masacres de familias de víctimas, como las que se dan en Cáceres (La Sierra) y en Taraza, en el corregimiento de la Caucana, el centro de operaciones de las bandas asesinas.
De un análisis de todos estos factores hay que resaltar el fracaso del Estado uribista (2000-2022) y sus planes de seguridad fascistas en Caucasia y demás municipios. Hace cinco años se instaló en esa zona un poderoso dispositivo militar que incluyó una Fuerza de Tarea Conjunta denominada Aquiles, con miles de soldados de contraguerrilla; un esquema de control contrainsurgente del territorio denominada “Zona Futuro”, con la asesoría y control del Comando sur de los Estados Unidos y varios batallones de policía rural contra guerrillera.
El resultado está a la vista: la hegemonía neoparamilitar, el imperio de la minería ilegal, el fracaso de la paz, el exterminio de los líderes sociales, la parálisis del PNIS y el control del territorio por una banda criminal internacional: el cartel mexicano de las drogas Jalisco Nueva Generación, aliados con los Urabeños, que monopolizan las carreteras (principales y vías terciarias), el transporte de vehículos pesados y de motos. Además tienen bajo su mando a funcionarios públicos, militares, policías y roscas politiqueras, y han instalado decenas de laboratorios de coca vigilados con drones y otras tecnologías de punta ingresadas por empresas de seguridad autorizadas por la Superintendencia correspondiente de Bogotá. Y están protegidas por la Policía y por la Fuerza Aquiles de Caucasia, Puerto Libertador, el Bagre, Taraza y Ayapel…
Además de un nuevo código minero que atienda las demandas de los artesanos y trabajadores, el Bajo Cauca necesita con urgencia desmontar esa parafernalia militar y policial violenta y asesina.
Se requiere con urgencia que el gobierno implemente allí la estrategia de Seguridad Humana con justicia social, para que la aplicación del Acuerdo de paz retome su rumbo y avance con la reforma agraria; para que la paz total se materialice llevando democracia, dialogo social efectivo, convivencia, derechos humanos y libertades a toda la población, lo que permitirá superar el régimen de terror impuesto allí por la minería ilegal, el narcotráfico, las mafias políticas y el poder de los terratenientes ganaderos de Medellín y Montería.
@HoracioDuque8
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