Por GERMÁN AYALA OSORIO
La imputación de cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad que la JEP acaba de oficializar contra el general (R) Mario Montoya Uribe, abre el camino jurídico-político que llevará a reconfirmar la tesis que tanto ese como otros oficiales uribistas han negado en reiteradas ocasiones: las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) fueron resultado de la implementación de la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, mediante la Directiva Ministerial 029 de 2005; así como de las consabidas presiones que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ejerció sobre los comandantes de brigada. Presiones que por la línea de mando bajaban hasta la base de la tropa.
En los registros noticiosos aparece Uribe Vélez exigiendo “más y mejores resultados operacionales. Y los que no puedan cumplir, que vayan pasando la solicitud de retiro”. Estos actos de habla claramente constituyen una forma de presión sobre la cúpula militar de la época y los comandantes de Brigada y batallones.
Ahora bien, sobre el silencio que aún guarda Montoya Uribe, con la lectura de imputación de cargos, el alto tribunal de paz espera que el oficial asuma la responsabilidad sobre las 104 ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en los que se sostiene el señalamiento jurídico-político que acaba de hacer la JEP. De no hacerlo, el general podría afrontar una pena de por lo menos 20 años de prisión.
Cientos de miles de colombianos vienen haciéndose la pregunta ¿quién dio la orden? La respuesta al interrogante la da la tesis arriba planteada, de la que se derivan responsabilidades políticas y penales de todos los actores involucrados, desde el presidente de la República (periodo 2002-2010), los ministros de la Defensa, miembros de la cúpula militar y hacia abajo, todos los que adelantaron operaciones siguiendo instrucciones cuyo objetivo estratégico era “acabar conlafar”.
Surge, entonces, otro interrogante: ¿por qué Montoya Uribe prefirió guardar silencio, cuando varios de sus subalternos señalan que él mismo pedía “litros, carrotanques de sangre” y una consigna muy particular: “a mi no me traiga capturados, denlos de baja, denlos de baja”?
Las posibles respuestas a este nuevo interrogante pueden atarse a varias categorías a saber: 1. Máxima responsabilidad y lealtad institucional. El general insiste en guardar silencio porque está convencido de que, por su rango, debe hacer todo lo que sea necesario para conservar el buen nombre de todos aquellos superiores a los que él obedeció. Y de esa manera, presentarse como un oficial retirado que siempre le apostó a sacar en limpio la institucionalidad castrense.
2. La degradación del conflicto armado interno generó su propio sistema de valores. Bajo este enunciado, Montoya estaría validando las conductas anómalas y contrarias a la ley, porque el país debía entender que tanto la guerrilla como los paramilitares violaban el DIH y los DDHH, lo que haría explicable y legítimo que dichas conductas se presentaran al interior del Ejército, por el bajo capital cultural acumulado por soldados y suboficiales. Por lo anterior, la responsabilidad recae en sus subalternos que malinterpretaron las órdenes (los llamó ignorantes y de no saber tomar los cubiertos al momento de comer y de no saber usar los baños).
3. El Acuerdo de Paz de La Habana y la JEP son una claudicación y humillación para los militares. Montoya podría insistir en no asumir responsabilidad alguna por lo sucedido porque política e ideológicamente rechaza el origen y la operación de la JEP, por un hecho que el entonces presidente de la República siempre expuso públicamente a manera de molestia: la JEP es un tribunal que pone y expone a militares y guerrilleros en el mismo nivel de inmoralidad, cuando los segundos son terroristas y los primeros, héroes de la Patria.
Ya veremos si Montoya Uribe y sus abogados mantendrán la decisión de guardar silencio frente a las evidencias recopiladas por los magistrados de la JEP. Lo cierto es que ya hay una verdad histórica y política con la que se explica el origen de los ‘falsos positivos’. A lo mejor no hace falta que el imputado general asuma su responsabilidad individual, porque ya el país sabe que hay una de mayor calado: la responsabilidad del Estado y del gobierno que implementó la tenebrosa Política de Defensa y Seguridad Democrática.
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