Por JORGE SENIOR
La reactivación de las economías después de la pandemia ha generado presiones inflacionarias en todas partes. En Colombia, entre enero y agosto de 2022 la inflación subió 4 puntos y en los primeros meses del nuevo gobierno siguió subiendo con ese mismo impulso, pero el ritmo de ascenso empezó a menguar en diciembre, llegando a un punto máximo en marzo con 13,34% anualizado. Desde entonces ha venido descendiendo mes tras mes y estamos muy cerca de llegar a una inflación anualizada de un dígito: la cifra de octubre fue 10,48%. La fuente es oficial: el DANE.
A pesar de este notable logro, hay dos factores que siguen incidiendo fuertemente en la elevación de los precios, impidiendo mejores indicadores: la gasolina y la energía eléctrica. Y ambos son legado del gobierno de Iván Duque.
Miremos primero la gasolina que debe subir mensualmente, aunque en octubre hubo un descanso. Actualmente el precio ya rebasó los $14.000 el galón, sobretasas locales incluidas, las cuales varían según el municipio. Volverá a subir en diciembre y enero hasta alcanzar el objetivo de $16.000 el galón. La razón de esta perentoria subida es que el gobierno anterior, de manera irresponsable con la propia política tradicional de Colombia recomendada por los organismos internacionales, dejó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con un déficit de $17 billones en 2021 y $37 billones en 2022, faltando pagar aún $8 billones del año pasado y $20 billones de este año. Eso es lo que estamos pagando los colombianos con los incrementos a que se ha visto obligado el gobierno actual. En resumen, es culpa de Duque y no de Petro. Más adelante volvemos sobre este tema con un punto de vista crítico.
La otra alza incendiaria también corresponde a la energía, pero esta vez se trata de la eléctrica, con la factura que nos llega a los hogares, que en muchos municipios incluye el impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana (seguridad que en Barranquilla va de mal en peor). Este tema lo hemos tocado varias veces en estas columnas, denunciando la cartelización de las generadoras que dominan el mercado oligopólico de la energía. Así mismo hemos denunciado lo que hizo el gobierno anterior con el artículo 318 de su Ley del Plan de Desarrollo estableciendo, por medio de la CREG un Régimen Especial Tarifario para la Costa Caribe, llevando a esta región a sufrir los precios más altos por el acceso a la electricidad.
Pero además hubo una “jugadita” aleve del gobierno Duque durante la pandemia, cuando todos los países del mundo crearon condiciones de alivio para sus poblaciones dada la emergencia que se vivía. El “alivio” de Duque no consistió en subsidiar a los usuarios, sino en endeudarlos mediante una jugada llamada “opción tarifaria”. Ésta consistía en que las empresas comercializadoras facturasen durante un tiempo por debajo del costo unitario, para luego, recuperar ese dinero con intereses cobrando por encima del costo unitario, y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, en noviembre la factura de Air-e en Barranquilla superó por primera vez la barrera de los mil pesos para el kWh. Si usted, estimado lector, quiere saber si le están cobrando la opción tarifaria, verifique en su factura el CU aplicado y el CU calculado (CU es el costo unitario del kWh). Si el aplicado supera al calculado, significa que le están cobrando la opción tarifaria con intereses… ¡Tremendo negocio bancario! En mi caso es así y la diferencia es de $130 pesos por cada kWh.
En resumen, Duque le dejó un par de ‘regalitos’ al gobierno Petro que parecen un par de puñaladas: las alzas en gasolina y energía eléctrica, que generan una notable presión inflacionaria.
Dicho esto, cuestionamos de todos modos el por qué el gobierno del Cambio no ha sido capaz de encontrar alternativas para reversar ese par de goles del uribismo. ¿Por qué en el nuevo Plan de Desarrollo el Congreso no tumbó el artículo 318 del Plan anterior? ¿Por qué tanta demora desde el Ministerio de Minas y Energía para suplir los cargos en la CREG y desde esa comisión redirigir la política de energía? ¿Por qué la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza de Dagoberto Quiroga, no ha investigado a las generadoras y su “cartel del costo marginal”? ¿Por qué seguimos sometidos al precio en bolsa según el costo marginal más elevado? ¿Por qué ha sido tan lento el proceso de implementación de las comunidades energéticas que apenas inicia al cabo de 15 meses? Y en el caso de los combustibles, ¿por qué no se ha independizado el precio de la gasolina del precio internacional, dándole un vuelco a la vieja política del FMI?
En fin, son muchas las preguntas que surgen. ¿Se trata de un asunto de ineptitud de funcionarios… o de excesiva prudencia frente al poder de los oligopolios? ¿Ha cedido el gobierno del Cambio a la extorsión de los poderes económicos? ¿O hay mejores explicaciones? Seguimos sin respuestas.
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