Por GERMÁN AYALA OSORIO
La renuncia de Arturo Char a su curul por cuenta de la investigación que en su contra abrió la Corte Supremapor delitos electorales, consolida la idea de que en Colombia operan dos raseros en la justicia: uno, benévolo e indulgente, representando en la Fiscalía de Francisco Barbosa; y el otro, legítimo y firme, el del más alto tribunal de la justicia en Colombia, que logró someter a poderosos agentes políticos como el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, padeciendo los rigores de la Sala de Instrucción por cuenta de la orden de captura que se emitió en el 2020 en el marco del proceso que se lleva en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal.
Es evidente que la Fiscalía de Barbosa opera como un bufete de abogados que defiende a Uribe Vélez, situación que orientó a otros políticos aforados e investigados por el alto tribunal a seguir los pasos del expresidente antioqueño: Eduardo Pulgar, Álvaro Hernán Prada, José Edilberto Caicedo, Richard Aguilar, Edwin Ballesteros… y ahora Arturo Char. Todos investigados por graves delitos.
Con la renuncia de Uribe a su condición de congresista se abrió un enorme boquete ético-político y jurídico, que hoy quiere aprovechar el hijo del clan Char, para dilatar su proceso y lograr su cierre en la justicia ordinaria. Bien sea por miedo o por presiones, fue la misma Corte Suprema de Justicia la que decidió, al renunciar Uribe a su curul, que ya no tenía competencia para seguirlo procesando por los hechos ya señalados, los mismos en los que está involucrado Álvaro Hernán Prada, a quien el alto tribunal sí mantuvo la competencia para continuar con el proceso por manipulación de testigos.
Al cierre de esta columna no se conoce reacción alguna de la Corte Suprema sobre si mantendrá o no la competencia para seguir procesando a Arturo Char. Lo cierto es que, con su renuncia, burlarse de los magistrados y magistradas del tribunal se volvió paisaje, lo cual deslegitima a la Corte como institución y la enfrenta política y jurídicamente con la justicia ordinaria, en particular con la Fiscalía.
Resulta a todas luces inconveniente para Colombia y para el ordenamiento jurídico que exista la opción de evitar que el juez natural de los congresistas y de altos funcionarios del Estado cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que saben que les va mejor en la Fiscalía, es decir, que sus casos penales pueden ser precluidos rápidamente o dilatarse en el tiempo, hasta la ‘bendita’ prescripción del proceso. Anular así de fácil la competencia de la Corte Suprema de Justicia resulta inadmisible y poco serio para un país que se acostumbró a ver a congresistas, ministros y gobernadores violar la ley, malversar recursos e incluso, cohonestar con grupos al margen de la ley.
Arturo Char se burla en la propia cara de los magistrados. Lo hace de frente, como lo hicieron los mismos que lo precedieron en la ya naturalizada jugadita uribista. Es tiempo de que la Corte Suprema de Justicia revise sus actuaciones e impida que sus investigados se mofen de la dignidad de los togados que la representan.
@germanayalaosor
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