En el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Petro, validado con la Ley 2294 del 2023, se determinó que el gobierno nacional formularía una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
El Parágrafo 3 dispone que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley (19 de mayo del 2024), el Gobierno nacional formulará y adoptará tal estrategia para adelantar la lucha contra el robo de los dineros públicos. Y el mismo Plan de Desarrollo encargó de tal tarea al Secretario de Transparencia de la presidencia, el abogado Andrés Idárraga Franco, apoyado por las Subcomisiones Técnicas de la Comisión Nacional de Moralización
Igualmente, la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción y el Departamento Nacional de Planeación deben hacer el acompañamiento técnico para la formulación, monitoreo y seguimiento de la Estrategia planteada.
También, la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, la Comisión Nacional de Moralización, las Comisiones Regionales de Moralización y las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar recomendaciones durante la formulación y evaluación de la Estrategia.
Conviene subrayar que esta Estrategia contra la corrupción debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado Social de Derecho, así como garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los recursos públicos, generar condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico y proteger el Medio Ambiente.
Este Programa anticorrupción debe estructurarse alrededor de las siguientes dimensiones:
- La garantía de los derechos humanos.
- La protección al denunciante.
- El derecho al acceso a la información pública.
- El fortalecimiento de la veeduría ciudadana.
- La transparencia en la contratación.
- La gestión pública y la innovación pública, y
- La implementación de mecanismos dirigidos a prevenir, detectar, gestionar y sancionar riesgos y hechos de corrupción bajo un enfoque sectorial.
Durante la formulación de la Estrategia se realizará una evaluación de la capacidad institucional y misional de las entidades públicas, del funcionamiento de las instancias e instrumentos de planeación existentes para la lucha contra la corrupción, y de las debilidades de articulación y coordinación interinstitucional.
Ya en el desarrollo de la Estrategia se promoverá la implementación de las disposiciones previstas en la Ley 1712 de 2014 frente al diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública; y la Ley 2195 de 2022 en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción, el control y monitoreo constante del riesgo de corrupción, así como la pedagogía para la promoción de la participación ciudadana para la transparencia y lucha contra la corrupción.
El Plan establece adicionalmente que en la Estrategia se contemplarán los mecanismos para el seguimiento y control de los recursos públicos administrados mediante fondos o patrimonios autónomos que fueron ampliados en la actual administración.
Debido a que la corrupción sigue afectando con mucha intensidad a entidades públicas e importantes programas de la administración nacional, es necesario que se conozcan los avances de esta Estrategia, que hasta donde entendemos el presidente Petro ha pedido esté confeccionada este 31 de diciembre del 2023. Es necesario entonces que la secretaría de Transparencia dé a conocer los ejes centrales del Programa en cuestión para que la participación ciudadana ayude a consolidar una herramienta eficaz de protección de los dineros públicos.
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