Por JAIME DAVID PINILLA*
Cualquiera que haya tenido cercanía a las instituciones del Estado sabe que parte de la tradición es la feria de contratos que se presenta los 29, 30 y 31 de diciembre de cada año. Los departamentos jurídicos y de contratación tienen por esos días un nivel de efervescencia particular y los ordenadores del gasto trabajan sin descanso. La prisa por contratar en esos días tiene en todos los casos la misma justificación: ejecutar presupuesto. Tampoco es secreto que aquí de manera inveterada ha habido mafias de la contratación, y que el país está lleno de historias de carreteras cuya pavimentación se presupuestó y se contrató, pero siguieron siendo un camino polvoriento. Las hay desde vías terciarias hasta 4G, como las que contrató el emporio Char-Nule durante los años del gobierno Uribe, y que van desde la céntrica Calle 26 de Bogotá hasta la vía Pasto-Rumichaca. El denominador común de la finalización de algunas de estas obras han sido los sobrecostos (verbi gratia Reficar) y las adiciones presupuestales, que le cuestan no poca plata al país. Por otro lado, están los llamados “elefantes blancos”, hoy valorados en 6 billones de pesos según Valora Analitik.
Todas esas obras, además de numerosas consultorías y contratos del sector terciario (por ejemplo, sistemas de información que contrata el Estado y que nunca se ponen en operación, o asesorías que no terminan siendo política pública) forman parte del grueso inventario del presupuesto ejecutado que no termina en nada, que nunca tuvo utilidad alguna, dinero tirado al caño pero que, al fin y al cabo, sumó en su momento al porcentaje de ejecución.
Todas esas contrataciones, incluyendo la de los tristemente célebres 70.000 millones de Abudinen, fueron presupuesto ejecutado y ayudaron en su momento a demostrar buena gestión, aunque, como sabemos, nada más lejos de eso. Por ello, el porcentaje de ejecución debería dejar de ser per se un indicador de eficiencia de un gobierno, pues solo muestra que se gasta la plata, sin ahondar en qué ni con qué propósitos.
Por supuesto, la consecución de los objetivos misionales de toda entidad, pública o privada, requiere inversiones de distinto tipo, pero no es en el gasto, sino en el resultado, donde se debería evaluar la productividad. Haciendo un pequeño símil con las finanzas personales, a las personas también se les suele juzgar —a la ligera— su situación financiera por los gastos: el carro que tiene, la casa en que vive o la ropa que usa, en vez de por lo que tienen en el banco.
El ministerio del Deporte, uno de los de más baja ejecución, con la caída de los Juegos Panamericanos dejó de desembolsar 8 millones de dólares, y más allá de considerar si los juegos debieron hacerse en Colombia o no, ese dinero se quedó en el presupuesto para otros asuntos. ¿Baja ejecución? Sí, ¿ineficiencia? Eso es discutible, sobre todo en el entendido de que se trataba de una deuda, de un compromiso asumido unilateralmente por el entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. En el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, otro de los de más baja ejecución, la situación es apenas comprensible, pues apenas se está organizando la casa.
Ahora bien, no se trata de caer en el otro extremo, como ha hecho Milei en Argentina, que financió el superávit con el desempleo de muchos, el hambre de los pensionados y el recorte de otros programas sociales; el presupuesto de la nación debe ejecutarse. Lo que sí parece evidenciarse en este gobierno es una disminución en el afán de contratar por contratar, simplemente por ejecutar el presupuesto.
Otro de los asuntos por considerar en la baja ejecución es el aumento de los presupuestos a varias carteras. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo —otro de los de baja ejecución— pasó de tener un presupuesto de 1,6 billones en el gobierno Duque a tener 4,2 billones en el de Petro. En ese orden de ideas, es comprensible que sobre plata, con todo y que este es uno de los aspectos en que más se nota el cambio.
Más allá de la ejecución presupuestal y de que las cosas podrían ir mucho mejor, los principales logros del actual gobierno son históricos: incautación de cocaína que supera por el doble la del gobierno anterior; formalización de tierras a los campesinos por más de cuatro veces la del gobierno anterior (1.400.000 ha/año frente a 346.000), un indicador que también se puede medir en número de familias beneficiadas: 33.016/año frente a 12.500/año en el gobierno Duque; cumplimiento de los acuerdos de paz; recuperación de la red férrea del país en más de 1700 km; incorporación del campesinado como población sujeto de derechos en la Constitución; aumento en más del doble del aporte social para las mujeres cabeza de hogar, creación de cuatro zonas de reserva campesina (frente a cero en el gobierno Duque); inversión de más de 200 millones de dólares anuales de recursos propios para la protección de la Amazonía (0 en el gobierno anterior); condonación de más de 57.300 créditos Icetex (frente a cero en el gobierno Duque), además de la tasa de interés 0 % durante los estudios y la eliminación de la capitalización de intereses en los demás casos.
Como vemos, y sin acudir a los logros de su primer año de gobierno, que se nos han vuelto paisaje, como la disminución de la inflación y el control del precio de los alimentos (aun con el incremento en el precio de la gasolina), la revaluación del peso, el incremento del turismo, la disminución del desempleo a un dígito, la matrícula cero en universidades públicas, la recuperación de la Ruta del Sol y la subsanación de la deuda heredada de 39 billones con el Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles, la eficiencia de un gobierno va más allá de la famosa ejecución del presupuesto. Los datos comparativos con el gobierno aquí ofrecidos no pretenden usar el espejo retrovisor, solo mostrar las cosas en perspectiva.
Es cierto que hay asignaturas pendientes, como es el caso de la seguridad y la política energética, es verdad que los ciudadanos pueden tener mil reclamos al gobierno y el derecho legítimo de marchar para expresarlos, pero antes de gritar “Fuera Petro”, asistir a marchas infladas con buses pagos y plagadas de desinformación para pisar y quemar fotos del presidente amenazándolo de muerte y destilando un odio visceral, viene bien hacer lo que nos corresponde como ciudadanos: control político con criterio.
En resumen, la baja ejecución presupuestal del actual gobierno parecería más virtud que pecado, pues está demostrando lo que todos sabemos: que se puede hacer la tarea con menos recursos, que no es otra cosa que la definición de eficiencia.
*Historiador de la Universidad Industrial de Santander. Corrector de textos para editoriales. Ha colaborado en publicaciones de la FAO y varias ONG. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo (Correcta), de la que además es miembro fundador. Formó parte del equipo editorial que tuvo a cargo la edición del Informe final de la Comisión de la Verdad.
Sobre el autor o autora
Gracias. Claro y acertado.