Por JORGE SENIOR
¡No contaban con mi astucia!, pensó en voz alta el alcalde de Barranquilla cuando apareció con sus movimientos fríamente calculados, blandiendo el chipote chillón contra el gobierno central y las altas tarifas de energía que tienen ahorcado al Caribe colombiano. ¡Síganme los buenos!, gritó, y el periódico El Heraldo, el senador José David Name y otros congresistas de estirpe, nativos de la comarca, respondieron al unísono: eso, eso, eso!
Esta comedia sucedió en el último mes de reinado de otro famoso personaje, conocido popularmente como Porky. De repente, por arte de birlibirloque, el Puma y sus cuates saltaron a la palestra como los grandes adalides de la lucha contra las altas tarifas. Baia, baia, qué cosa tan curiosa. ¿Cómo es que de pronto cobraron súbita lucidez los políticos y medios locales que habían permanecido arrodillados y en silencio ante el gobierno central durante décadas, y en particular durante el último cuatrenio?
El problema de la desigualdad tarifaria es de vieja data, con la región Caribe como el máximo “paganini”. Se decía hace décadas que la Costa pagaba más porque su energía provenía de termoeléctricas, mientras en el interior del país predominaban las hidroeléctricas. Pero una vez se desarrolló la infraestructura de interconexión eléctrica, ¿por qué no se unificaron las tarifas? ¿Alguna vez estos políticos y medios alzaron la voz contra tal injusticia? ¡Nunca! Sus intereses eran otros, no los de la ciudadanía costeña. Tampoco dijeron nada sobre ese oscuro negociado de 2020 (en plena pandemia), cuando se vendió Electricaribe al 11% de su valor y fue reemplazada por la empresa Air-e en algunos departamentos y Afinia en otros, lo que supuestamente sería la solución. Un negocio nada transparente, que involucra a un poderoso clan de la contratocracia cuya cabeza más visible es Alberto Ríos Velilla. Cuando los Ríos suenan es porque piedras traen.
Ahora el problema en lugar de aliviarse, se agravó. Las tarifas se dispararon hasta niveles exorbitantes. Y todo partió de una decisión del Congreso de la República. ¿Dónde estaban los congresistas costeños cuando se aprobó el artículo 318 de la ley 1955 de 2019, que es la del Plan de Desarrollo del gobierno Duque? Ese articulito permitió que la CREG, con la anuencia de Duque, creara un “régimen especial tarifario” que permite un truco brutal: que los ciudadanos, en hogares y empresas, paguemos el costo de las “pérdidas técnicas de energía”. De esta manera las empresas Air-e y Afinia no tienen incentivo alguno en tomar medidas para reducir esas pérdidas fraudulentas de energía y cómodamente se dedica a “clavar” a los ciudadanos inermes que con honestidad -como debe ser- pagamos la factura. Y esa es apenas una de varias medidas lesivas de ese régimen regulatorio.
Ahora tenemos la increíble situación de que los estratos 1 y 2 de Barranquilla pagan tarifas más altas que el estrato 6 de Bogotá. Y como si fuera poco, el hecho de pagar altísimas tarifas ni siquiera garantiza un buen servicio. A cada rato “se va la luz”, saboteando así a la industria, la educación, el comercio y todas las actividades que dependen de un permanente y adecuado servicio eléctrico. Aquí no termina el viacrucis ciudadano: cuando la “luz” llega, a veces hay voltajes o amperajes excesivos que dañan los electrodomésticos y nadie responde por eso, ni Air-e, ni Afinia, ni el Gobierno. Para rematar pretenden imponer unos “medidores inteligentes” tipo AMI que también afectarán el bolsillo de los ciudadanos.
Toda esta situación socava la competitividad de las empresas en la Costa Caribe, por eso muchas de ellas terminan migrando hacia otros territorios, aumentado el desempleo local. También sucede que los capitales prefieren invertir en otro lado y no instalarse en la “Barranquilla imparable” que resultó ser, más bien, la Barranquilla impagable.
Volviendo al comienzo: mi punto es que la clase política costeña y los medios locales que les sirven como cajas de resonancia son cómplices de este atentado centralista que se cocinó en el gobierno uribista que por fín terminó. Y son cómplices también de décadas de desigualdad tarifaria que hemos sufrido los costeños. ¡Que no funjan ahora de heróicos abanderados de la lucha cívica! Ni ellos ni la Cámara de Comercio sirvieron al interés general de la región. A estos personajes hay que desenmascararlos.
En Barranquilla, por ejemplo, la población se está organizando y preparando para la movilización contra la empresa Air-e y contra el oportunismo del chapulín Pumarejo y la clase política, quienes no nos representan. Es hora ya de que la población deje de balbucear como el chapulín, “se aprovechan de mi nobleza” y “¿quién podrá defenderme?”, y como adulto se rebele contra esta ignominia que denunciamos aquí.
El nuevo gobierno popular de Gustavo Petro ha propuesto los diálogos regionales vinculantes. En ese contexto urge que se convoque un Diálogo Regional con las organizaciones populares y gremiales sobre las tarifas de energía con presencia del Presidente, la Ministra de Minas y Energía, y demás funcionarios pertinentes al tema en el Gobierno Nacional, incluyendo a los de la CREG (que por ahora representan al gobierno anterior). Que estén presentes los Congresistas pues la primera exigencia es tumbar el artículo 318 del PND saliente, lo cual podría hacerse en la nueva ley de Plan de Desarrollo. Y que quede claro que nuestra exigencia es la unificación nacional de tarifas donde quiera que el servicio esté interconectado. Esa es la manera de garantizar un desarrollo equilibrado de las regiones y así debería contemplarlo el Plan Nacional de Desarrollo de la Colombia humana.
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