Por GERMÁN AYALA OSORIO
Jorge Rodrigo Tovar, hijo del narco-paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) fue nombrado en la dirección de Víctimas del Ministerio del Interior.
La primera reacción a tal designación es de rechazo por cuanto el progenitor del funcionario es responsable de múltiples delitos, entre estos, el del crimen del profesor Alfredo Correa de Andreis; asesinato que se perpetró con la colaboración institucional del antiguo DAS, cuyo director era Jorge Noguera, amigo del entonces presidente Uribe Vélez.
Y aunque no hay delitos de sangre en Colombia, la llegada de Tovar a la dirección de Víctimas del Mininterior genera molestias, suspicacias y toda suerte de reacciones. Trataré de exponer varios puntos que podrían servir, de un lado, para explicar las molestias que genera la designación y de otro lado, para explicar a qué juega el gobierno de Duque.
El primer punto que expongo es que el nombramiento se da en el marco de una inexistente política de paz por parte del gobierno de Iván Duque. Si existiera una sólida política en ese sentido, que le diera la fortaleza institucional y el respaldo que requiere el proceso de implementación del Acuerdo Final, el nombramiento podría resultar positivo, pues vendría con un mensaje de reconciliación entre víctimas y victimarios. Pero todos sabemos que el gobierno de Duque y con este, el regreso del uribismo al poder, lo que menos interesa es respetar lo acordado en La Habana, entre el Estado colombiano y las entonces Farc-Ep y mucho menos ambientar escenarios de reconciliación entre los colombianos.
El segundo punto es que Tovar asume la detención de su padre en una cárcel americana como parte de una persecución política, circunstancia que lo mete en la sin salida ético-política en la que están varios funcionarios del gobierno de Duque al negar la existencia del conflicto armado colombiano.
Al insistir en la inocencia de su padre, visto como Héroe, y al elevarlo a la condición de “prisionero político”, Jorge Rodrigo Tovar no solo contradice la decisión de Uribe de extraditarlo hacia los EE.UU. por el delito de narcotráfico, sino que podría asumir la misma tesis negacionista que defiende Darío Acevedo, director del CNMH. Si el padre de Tovar es inocente y es un perseguido político, y la Fiscalía en su momento dejó de investigarlo por el delito de narcotráfico, entonces podría pensar el retoño de semejante agente paramilitar, que su padre, alias Jorge 40, tampoco hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El tercer punto se expresa de la siguiente manera: Si Jorge 40 no traficó con drogas y mucho menos fue paramilitar, entonces el nombramiento de su hijo podría entenderse como una suerte de “reparación” por el error que cometió Uribe de mandarlo a los Estados Unidos. Y en este punto, no podemos olvidar que el Hijo de Salgar lo extraditó para acallar los señalamientos de sus relaciones políticas con miembros de las AUC.
Si se trata de un acto de “reparación” del Estado colombiano, el nombramiento de Tovar devendría no solo espurio, sino contradictorio para un gobierno que en el exterior dice que está comprometido con la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero al interior hace todo lo posible para ponerle trabas a la reforma agraria integral, para señalar apenas uno de los puntos de la agenda pactada y acordada en Cuba.
En esa medida, es posible pensar que con la designación de Tovar, sectores uribistas y el propio gobierno de Duque quieren mandar un mensaje claro a los hijos y familiares de los paramilitares que <<le prestaron un gran servicio a la Patria por la lucha contrainsurgente que libraron>>: aquí tienen a un gobierno amigo.
Más allá de las razones que tuvo el gobierno de Iván Duque para nombrar al hijo de alias Jorge 40 en la dirección de Víctimas del ministerio del Interior, las reacciones y las críticas a semejante decisión son comprensibles en una sociedad que desde el 2 de octubre de 2016 deviene enfrascada en la dualidad Paz-Guerra.
Quisiera pensar que se trata de una decisión que busca mandar un mensaje de reconciliación, pero a juzgar por lo hecho y dicho por Darío Acevedo, Miguel Ceballos (¿Alto Consejero para la Paz?) y Emilio Archila (Alto Consejero para la Estabilización), así como por las acciones legislativas emprendidas por los miembros del partido de gobierno en contra de la implementación, más bien se trata de una bofetada a las víctimas y de una actitud retadora hacia los defensores del proceso de paz.
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