Por HUMBERTO TOBÓN
Los países democráticos del mundo están aterrados de observar en vivo y en directo, a través de las redes sociales, las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de El Salvador, en contra de millares de personas acusadas de ser miembros de organizaciones criminales. El líder de esta operación es el presidente de esa pequeña república centroamericana, Nayib Bukele.
Bukele lanzó un ataque feroz contra las bandas criminales conocidas como las Maras, señaladas de asesinar indiscriminadamente a centenares de personas. Las operaciones han sido un éxito, porque se han capturado varios miles de delincuentes y desbaratado las estructuras delictivas, dándole un respiro a la población, que estaba prácticamente secuestrada por Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.
Sin embargo, lo que sigue después de las capturas, es aterrador, porque viola todos los principios básicos de humanidad y convierte las prisiones en campos de concentración. Por orden de Bukele, que mantiene al país en estado de emergencia, los presos no tienen derecho a la defensa judicial, ni a conocer de qué se les acusa, ni a ir a juicio, ni tener privacidad, ni tomar los alimentos básicos, ni ver a sus familiares, ni un espacio digno para dormir.
El mundo democrático le recuerda al presidente Bukele, que así sean los peores delincuentes o los asesinos más despiadados, tienen derecho a un juicio transparente, justo y con garantías procesales (ver caso Núremberg).
Como las comunidades estaban confinadas en sus territorios por las Maras, sienten que las decisiones de Bukele son justas y adecuadas, por lo cual lo cubren hoy con una aceptación superior al 80%, que lo convierte en virtual presidente reelecto.
Mientras Bukele se presenta ante sus ciudadanos como un salvador de su situación, las autoridades de Estados Unidos revelan cómo su gobierno negoció hace pocos meses con los líderes presos de los Maras, para que bajaran el número de asesinatos, y permitir que la institucionalidad presentara buenas cifras de seguridad.
Sin embargo, algunos líderes de las Maras quisieron presionar más dádivas del gobierno y lo desafiaron matando decenas de personas durante un fin de semana, lo cual le dio a Bukele la oportunidad de poner en marcha un plan agresivo: cerrar las ciudades, registrar casa por casa y apresar a todo quien fuera sospechoso, sin dar ningún tipo de explicación, gracias a leyes excepcionales de estado de sitio.
Hoy existe un régimen de terror en El Salvador, ya no generado por las poderosas organizaciones delincuenciales, sino por el propio Estado. Los gobiernos democráticos del mundo denuncian prácticas de tortura aplicadas a los presos y detenciones arbitrarias.
Además, en medio de todo este espectáculo cinematográfico montado por Bukele, se conocen también episodios de corrupción de los más cercanos colaboradores del Presidente, incluyendo generales, que no sólo se están apropiando de los recursos públicos, sino también, y al mejor estilo de lo que pasa en Venezuela y Nicaragua, mejoran sus finanzas personales con el tráfico de drogas.
@humbertotobon
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