En una carta enviada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, cuestionó la información de Prensa y los videos publicados por esa oficina, en los que se documentan actos de violencia ocurridos en Cali el 3 y 4 de mayo.
En la comunicación, la alta funcionaria del gobierno de Iván Duque señala que “el Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene”.
El documento además señala que “se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”.
Sin embargo, todo esto contrasta con las declaraciones de la representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, quien denunció amenazas, agresiones y disparos por parte de la Policía contra una misión humanitaria que estaba en Cali verificando la situación de la ciudad.
De igual manera, en otro mensaje, Rivera añadió que espera que los «hechos descritos sean investigados y los responsables sancionados» por la Fiscalía colombiana.
Casi contrariando con hechos la declaración de Mejía, el ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que son quince los fallecidos en la capital del Valle del Cauca y tres en Caicedonia. Mientras que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina sostuvo que habían sido siete los muertos durante los diez días de paro.
Vale recordar que si bien la mayoría de las muertes se han producido en Cali, según la oficina de Naciones Unidas también ha habido fallecidos en otras ciudades como Bogotá, Ibagué, Pereira y Soacha.
La ONG local Temblores contabiliza hasta el momento 1.181 casos de violencia policial, 26 víctimas mortales a manos de la policía y 761 detenciones arbitrarias en todo el país desde que empezaron las protestas.
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