El 23 de octubre de 1976 el país letrado y conservador despertó sorprendido con el editorial del periódico «El Siglo»: Álvaro Gómez Hurtado, con la lucidez que siempre lo caracterizó, exhortaba al país a construir una política de regularización de las drogas. Con la frase «estamos librando una batalla perdida de antemano», anticipaba el estruendoso fracaso de la política antidrogas. Diez años después, en 1986, se emitía el Estatuto Nacional de Estupefacientes que otorgó legalidad al porte de la dosis personal y a la tenencia de hasta 20 plantas, pero hace solo 10, es decir, 38 después de aquel editorial sabatino de El Siglo, algunas cosas empezaron a cambiar.
En agosto de 2014 Juan Manuel Santos dedicó su intervención en el 25° aniversario de la muerte de Luis Carlos Galán a la legalización de la marihuana. Sus palabras respaldaban un proyecto de ley del senador Juan Manuel Galán. El entonces procurador Alejandro Ordóñez admitía con desdén que el país estaba ad portas de una «inminente legalización del cultivo». Y en efecto, en diciembre de 2015 el presidente firmó el decreto de reglamentación del cannabis medicinal. Exactamente el 22, y esa nochebuena siguiente muchos brindaron con Whisky por el que parecía el nuevo oro. El decreto perseguía reglamentar la expedición de licencias para cultivarlo. Como era de esperarse, el entusiasmo creció como espuma, y muchos invirtieron en la que parecía ser la nueva y muy rentable industria. Muy pronto, en 2017, nacía la Asociación Colombiana de Industriales del Cannabis (Asocolcanna), y en 2019 Fedesarrollo publicaba un estudio sobre la industria en Colombia; todo parecía marchar bien.
Poco después, el Decreto 811 de 2021 prometía regular cupos y tarifas. El 20 de febrero de 2022 el presidente Iván Duque afirmaba que los cupos y tarifas estarían listos antes de un mes; que el Banco Agrario abriría líneas de crédito y que el Invima empezaría a trabajar en el etiquetamiento no solo de productos de carácter estrictamente medicinal, sino también en el de los suplementos dietarios derivados de la planta. Además, que habría usos industriales de la fibra del cáñamo, principalmente en el sector textil. Con ello, Colombia se situaba «a la vanguardia en estos usos industriales de cannabis medicinal», dijo en una alocución presidencial específica para el tema.
Sin embargo, el entusiasmo, frágil como una plántula de Cannabis sativa, se marchitó demasiado pronto. Sottovoce, a Iván Duque y las fuerzas políticas que este representaba nunca les ha gustado la idea de la regularización; y el país, que en efecto estaba a la vanguardia en ese momento, ahora está rezagado en el concierto internacional. Duque se fue sin dejar nada de esto debidamente reglamentado.
Ya en el nuevo gobierno, el 12 de diciembre de 2023 terminó de debatirse acaloradamente en el Congreso un proyecto de ley que perseguía la regulación del uso recreativo adulto, que se hundió por posturas como las de Paola Holguín, JP Hernández o Miguel Uribe, entre otros, que prefirieron que la compra y venta de marihuana siga en manos de estructuras criminales. Independientemente de dónde estén las fuerzas económicas y políticas que han impedido un marco regulatorio, lo cierto es que en el de la ilegalidad el negocio es altamente rentable, y los municipios con alta producción de marihuana permanecen con altos índices de pobreza dimensional, bajo índice de desarrollo rural y altos niveles de violencia, según estableció la Comisión de la Verdad en su informe final. Mientras tanto, se desperdicia una considerable fuente de empleo y divisas y se da espacio a los cultivos ilegales.
Un auténtico desengaño, pues un año atrás, el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión había dado aires de resurrección a la industria, cuando dejó entrever que habría un vuelco en la política antidrogas, de la cual dijo «ha fracasado […] fortaleció las mafias y debilitó los Estados». Mientras se daba la discusión en el Congreso, el Gobierno conformó la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento y formuló la política nacional de drogas 2023-2033, una especie de plan decenal que traza un panorama en el avance que el país debe tener hacia la regularización.
Sin embargo, eso no es suficiente. De las 1200 empresas que se registraron cuando despuntó la fiebre quedan menos de 100 en operación, y en el terreno del Ejecutivo está la posibilidad de firmar un decreto que permita el otorgamiento de registro Invima y la comercialización nacional de productos derivados de la flor del cannabis.
La crisis es muy profunda: 17 hectáreas legales sembradas de 15.000 licenciadas; 30 millones de dólares en ventas desde el 2018, cuando la proyección era de 800 por año. Algo así como el 0.1%.
Es una pena que el gobierno del cambio no haya prestado la suficiente atención y la voluntad política necesaria para sacar a flote la industria, mucho más cuando tiene el claro propósito de descarbonizar la economía. Colombia, potencia mundial de la vida, lo es también de la producción del cannabis: el potencial de mercado puede significarle al país unas exportaciones equivalentes a las de flores y banano juntas, y obtener una participación hasta del 10% del mercado mundial. El gobierno anterior mató el tigre y se asustó con el cuero, y este parece ahogarse en un vaso de agua, aunque le faltan dos años. Como también dijera alguna vez Álvaro Gómez, «Nos estamos aproximando a un futuro sin esperanza» al menos para esta industria.
Un libro del profesor Luis Fernando Vélez Gutiérrez, Historia y camino hacia la regularización de las drogas ilícitas, lanzado en la FILBo 2024, ofrece un panorama bastante completo de la urgencia de regularización.
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