Por GERMÁN AYALA OSORIO
Por estos días Álvaro Leyva Durán, en ejercicio del derecho que le asiste como ciudadano a opinar y generar estados divergentes de opinión pública, propone que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abra el caso de la responsabilidad del Estado, para sentar en el banquillo a lo que hoy es una forma de dominación llamada Estado de Colombia. La propuesta de Leyva tiene un anclaje natural en los documentos jurídico-políticos concebidos en La Habana, atado a la necesidad legal de procesar al Estado y condenar, simbólicamente, a quienes sirviendo como funcionarios facilitaron la degradación moral de los agentes que dan vida al carácter represivo y coercitivo de los organismos de seguridad del Estado, bien por acción directa o por actos omisivos. Por supuesto que los grados de ignominia que acompañaron a militares y policías, son compartidos con quienes por línea de mando avalaron las acciones y decisiones ejectivas.
Lo que Leyva Durán propone es que la JEP llame a comparecer a expresidentes, agentes económicos de la sociedad civil y a todos aquellos miembros de la élite que, con poder de decisión, hicieron que el Estado operara con la responsabilidad criminal que les compete los militares que hoy comparecen ante el alto tribunal, por haber participado en la comisión de los delitos de lesa humanidad conocidos como los «falsos positivos». Aunque es posible que el documento y la narrativa que entregue la Comisión de la Verdad aluda a responsabilidades estatales, el deseo del exconstituyente va camino a establecer máximas responsabilidades políticas, por ejemplo de los presidentes de la República que en su calidad de comandantes supremos de las Fuerzas Armadas tomaron decisiones en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el principio del enemigo interno y, por esa vía, le apostaron a extender en el tiempo las hostilidades, convirtiendo a militares y policías, paramilitares y guerrilleros, en los únicos interlocutores con la población civil, con el agravante de la consolidación de territorios en los que fungieron como un paraEstado.
Algo de lo que pretende Álvaro Leyva se perdió con el triunfo del NO en el plebiscito por la paz: la comparecencia de los terceros civiles para que le explicaran a los magistrados de JEP en qué condiciones aportaron recursos de todo tipo a las organizaciones armadas ilegales que participaron de las hostilidades.
La apertura del macro caso por la responsabilidad moral y jurídico-política del Estado debe cubrir no solo la que le cabe por haber “facilitado” la aparición de las guerrillas y posteriormente el surgimiento de los paramilitares como brazo político y armado de agricultores, empresarios y latifundistas, sino por haber generado las condiciones para la permanencia del conflicto armado y la paulatina degradación de los actores armados. A ese llamado también deben llegar exministros de agricultura y agentes económicos de la sociedad civil que hicieron parte del Pacto de Chicoral y aquellos que en adelante, de forma legal e ilegal, aportaron a los procesos de violencia simbólica y física contra campesinos y comunidades ancestrales.
Ojalá lo planteado por Leyva Durán tenga eco, pues es claro que el Estado colombiano adquiere el perfil de un asesino serial, legitimado por la inercia institucional y por la fuerza simbólica que lo acompaña como forma de dominación hegemónica. Es tal el nivel de degradación, que ya no es posible diferenciar entre el Estado como figura y categoría universal, y el régimen político, mafioso y criminal, que lo sostiene.
@germanayalaosor
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