Desde agosto del 2022, en los 17 meses de gobierno que lleva el presidente Gustavo Petro, el bloque progresista se ha visto involucrado en una ácida disputa con el bloque reaccionario oligárquico, que no ha ahorrado recurso alguno para bloquear, sabotear o impedir el vigor reformista de la actual administración.
En los planes de este bloque obstruccionista siempre ha figurado el golpe de Estado -blando y duro- mediante el recurso del Lawfare o guerra jurídica gestada en los laboratorios del golpismo gringo de antaño.
La punta de lanza de esta endemoniada estrategia son las más prominentes cabezas del sector judicial y disciplinario, entroncados con el uribismo y los clanes mafiosos de Barranquilla. El fiscal Francisco Barbosa es hoy la cabeza de una sediciosa conspiración, acolitado por la procuradora Margarita Cabello -de la línea del ultramontano Alejandro Ordoñez-, mientras que el filo paramilitar lo aporta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Los tres son el núcleo central del coro del golpismo que acompaña la gran prensa involucrada en la difusión de noticias falsas y en campañas de desinformación.
Pegados a esta línea desestabilizadora, se mueven de manera sinuosa otros cuerpos judiciales simpatizantes -y practicantes- de la guerra jurídica. Nada extraño, dados los altos niveles de conservadurismo judicial de jueces y magistrados.
En este contexto el país está a la expectativa de la necesaria e inevitable escogencia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de una nueva fiscal general de la nación, de una terna conformada por tres distinguidas juristas: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.
Sin embargo, este proceso está siendo afectado por dilaciones y maniobras bastante oscuras en la Corte, con un ominoso precedente conocido como el Cartel de la Toga, que pareciera seguir vivito y coleando.
El pasado 25 de enero la Corte estaba citada para escoger la nueva Fiscal, pero no tomaron una decisión al respecto, facilitando las temerarias movidas de Barbosa para atornillar en el cargo por otros meses más a su Vicefiscal, la señora Mancera, denunciada por sus vínculos con las mafias del narcotráfico en Cali y Buenaventura, sospechosamente exonerada por subalternos de Barbosa.
Bastante raro que la Corte Suprema, funcionando a plenitud con sus 23 magistrados, no decida en los términos que lo demanda la sociedad con urgencia. Las tres juristas postuladas ofrecen todas las garantías para limpiar esa entidad de la corrupción e impunidad que la carcome. Tienen conocimiento y experiencia en asuntos judiciales.
Las componendas que hoy estamos viendo en la CSJ no se dieron en 2020, cuando los togados escogieron a Barbosa como Fiscal a la velocidad de la luz, no obstante los duros cuestionamientos que se hicieron a su mediocre hoja de vida.
El movimiento social colombiano, los sectores democráticos de la sociedad civil y el bloque progresista tienen un enorme desafío frente a lo que está ocurriendo con la elección de la nueva Fiscal. Se impone la movilización con plantones en la sede de la Corte Suprema desde este lunes 29, demandando una definición contundente para dejar atrás el siniestro legado de Barbosa. La Vicefiscal Mancera es un peligro público para el proceso de transición política democrática que lidera Gustavo Petro.
@HoracioDuque8
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