El grotesco acto público del congresista Miguel Polo Polo con el que se burló del dolor de las víctimas de los crímenes de Estado (‘falsos positivos’), la designación descomedida de exjefes paramilitares como gestores de Paz por parte del presidente Petro y el fallo absolutorio a favor de Santiago Uribe Vélez, procesado por la conformación del grupo paramilitar los doce Apóstoles, ofrecen pistas muy claras de las dificultades que afrontamos para pasar las dolorosas páginas que escribieron con sangre los actores armados, legales e ilegales, y poderosos agentes económicos de la sociedad civil durante más de 50 años de conflicto armado interno.
Esas barreras culturales están soportadas en por lo menos cuatro factores: el primero, la debilidad del aparato de justicia, permeado por la corrupción de jueces y magistrados (el cartel de la Toga, por ejemplo), a lo que se suman las presiones de las que son objeto los operadores judiciales al momento de fallar en derecho. Bajo esas circunstancias, terminamos como sociedad viendo a jueces y magistrados que temen a poderosos bandidos de cuello blanco porque están parapetados en fueros y dignidades cargadas de ilegitimidad y en relaciones familiares que terminan por debilitar la majestad de la justicia y las de otras instituciones estatales. La carrera judicial en el país está permeada por enrarecidos intereses de clase, recomendaciones y favores que en algún momento deberán ser pagados con fallos absolutorios o condenas amañadas.
El segundo, la ideologización del dolor de las víctimas y las responsabilidades de los victimarios que le sirve a específicos agentes del establecimiento colombiano y a otros de reciente aparición pública para deslegitimar la operación de los dos modelos de justicia que hoy operan en Colombia y repudiar a las familias que reclaman justicia punitiva, o por lo menos verdad, reparación y no repetición en el marco de una justicia restaurativa. Al convertir los padecimientos de hombres y mujeres violentados por paramilitares, militares, empresarios del campo y guerrilleros en un asunto ideológico, las víctimas pasan rápidamente a ser objetivo militar, político, judicial y de burla por aquellos agentes de la derecha que siguen instalados en la doctrina extendida del enemigo interno.
Un tercer elemento tiene que ver con la construcción de la verdad y la memoria histórica. Al tratar de edificar una versión oficial, plausible y verosímil de lo acontecido durante 50 años de guerra interna, los dos anteriores factores se juntan para impedir su aceptación, lo que imposibilita las acciones de perdón, arrepentimiento y la aceptación universal de esa verdad. De esa manera, esas y otras vicisitudes por las que pasan los procesos sociales, políticos y jurídicos pensados para construir verdad y memoria histórica terminan por evitar reconciliarnos.
Un cuarto factor tiene que ver con una feroz animadversión contra todo lo que huela a paz. Hablar de paz en Colombia es sinónimo de impunidad y debilidad estatal, lo que despierta las más airadas reacciones de aquellos sectores sociales que insisten naturalizar la ya histórica división moral entre buenos y malos, estadio de fraccionamiento que se profundizó desde el 7 de agosto de 2022 y que, por lo visto, se tornará perenne.
Mientras estos cuatro factores sigan instalados en las prácticas institucionales privadas y estatales, así como en las representaciones sociales de millones de colombianos, la construcción de una paz estable y duradera no solo seguirá siendo una quimera, sino el más fuerte obstáculo para minimizar los riesgos de vivir juntos en una democracia imperfecta, en una sociedad moralmente confundida y en un Estado que viene operando bajo criterios corporativos, en contravía de los derechos del colectivo.
El congresista Polo Polo dejó ver su estulticia como eximio representante de esa Colombia premoderna, ignorante y culturalmente empobrecida que no nos deja avanzar hacia estadios civilizatorios superiores; designar a los paramilitares como gestores de Paz sin que hayan aportado verdad, justicia, reparación y no repetición constituye un acto desproporcionado de parte del presidente de la República. En particular, en el caso de Hernán Giraldo, alias Taladro, un depredador sexual que violó niñas y adolescentes mucho antes de que apareciera la canción +57 en la que se alude al frecuente deseo sexual de cientos de machos hacia las niñas de 14 años. En cuanto al fallo absolutorio proferido por el juez Jaime Herrera Niño, las dudas jurídicas y de otra índole le hacen mucho daño a la imagen de la justicia colombiana. Su fallo niega lo investigado por la JEP y otros agentes que dedicaron años a develar quiénes están detrás de los 12 Apóstoles. Lo cierto es que todos los grupos paramilitares, incluido el de Yarumal, asumieron la violación de los derechos humanos como un apostolado socialmente aceptado y admirado.
@germanayalaosor
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