Por HERMANN SÁENZ PRIETO
César Santoyo Santos es el director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, una organización defensora de Derechos Humanos creada hace once años, en 2010. Se dedica a la denuncia de casos de desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia, y articula diferentes procesos tanto en plataformas de Derechos Humanos como en redes y procesos locales internacionales, como la Red Latinoamericana contra la Desaparición Forzada, el Espacio de Resiliencia y Memoria, la Red Llanos y Selvas por el Territorio y la Paz, y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, entre otros procesos.
Santoyo habló con El Unicornio sobre la situación que vive el país en la actualidad.
Ustedes pidieron la intervención de la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU con motivo de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante el paro nacional. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan y que delitos concretos habría cometido el Gobierno de Iván Duque?
Con la denuncia ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hemos recurrido a instancias de justicia multilateral e internacional, debido a la precariedad que existe del aparato de justicia en Colombia, el alto riesgo de impunidad y la decisión del presidente Duque de obstaculizar y manipular las cifras que la rama judicial y los poderes públicos está desarrollando en Colombia. Hay una captura del Estado objetivamente hablando, basada en la imposición de los amigos y copartidarios de Duque en instancias y organismos de control. Esto implica que se deben buscar alternativas de denuncia, ante los graves hechos de vulneración a los derechos humanos y en la indefensión en que la comunidad nacional se encuentra. La desprotección en la que se encuentran las comunidades movilizadas en el paro, obliga a que recurramos a la CPI y la CIDH por los delitos de lesa humanidad. Estamos manejando cifras como las de 49 personas fallecidas desde el comienzo del paro al 15 de mayo, alrededor de 87 casos de violencia basada en género, 578 personas heridas, 379 personas desparecidas, que es una cifra absolutamente dolorosa. Además 1.400 personas detenidas y alrededor de 850 acciones de abuso de poder y desgreño, brutalidad policial y violencia institucional.
¿Qué tanto ha retrocedido Colombia en el cumplimiento de los Derechos Humanos durante este Gobierno?
El retroceso en el sentido del ejercicio y disfrute de los derechos humanos no solo es notorio, sino supremamente agobiante. Hoy tenemos hoy una sociedad capturada por el terror. Las entidades diseñadas constitucionalmente para defender al conjunto de la sociedad están aplastando, persiguiendo y golpeando al conjunto de la población misma. El retroceso es objetivo en la medida en que no hay organismos de control que puedan investigar de manera libre e independiente los excesos que cometen los funcionarios del Estado, y se reconfiguran hoy basados en doctrinas como la del enemigo interno o un Estado brutal o dictatorial, un ejercicio fascista del poder y también una manera disuasiva, persecutora, autoritaria del control social. Esto es supremamente grave para el ejercicio de un Estado social de derecho. En una democracia, estos elementos lastiman el desarrollo organizacional de la sociedad y del Estado mismo.
¿Cómo ha sido la posición del Gobierno ante la JEP? ¿Considera que realmente ha sido indiferente ante los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana con las Farc?
El Gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por estar en contra del Acuerdo de Paz, por tratar de minar el ejercicio y obstaculizar el desarrollo de la justicia transicional. Su labor dentro del contexto de la facilitación e implementación del Acuerdo de Paz y la cosecha de la siembra de la paz, ha sido supremamente precario. Por el contrario, ha interpuesto una idea de autoridad que se limita al ejercicio formal de estos conceptos y no a la construcción de reformas jurídicas, sociales y económicas que permitan que la paz se vuelva una labor diaria en todos los territorios y comunidades del país. Desafortunadamente creo que su indiferencia es durísima frente al desarrollo del Acuerdo de Paz y ha velado completamente ese escenario.
Una de sus áreas de trabajo es la investigación. ¿Cuáles resultados se presentan en esta área?
La labor con las personas que buscan y las personas que son víctimas de desaparición forzada es esencialmente el acompañamiento integral a la búsqueda. Esta es una de las iniciativas y de los desarrollos más importantes del trabajo que el Colectivo ha tenido, es una ruta que nos permite establecer un acompañamiento psicosocial, jurídico, forense, de investigación social y comunitaria en contextos regionales que determina el ¿por qué? y ¿cómo? Esa desaparición forzada resalta las labores de liderazgo comunitario y social que estas personas pudieron tener durante su ejercicio como líderes, lideresas, defensores y defensoras y a través de ese mecanismo de la ruta. Organizamos también información para la determinación de denuncias y el aporte de verdad a las distintas instancias del sistema integral de verdad, justicia y reparación.
¿Cómo sería la situación de Colombia bajo la figura de una conmoción interior?
El estado de conmoción sería terrible porque restringe libertades democráticas y derechos fundamentales, organiza mecanismos de constreñimiento y de presión que golpean objetivamente las dinámicas que como sociedad y como organización social estamos tratando de desarrollar. La población colombiana quedaría limitada, al convertir en normal un estado de excepcionalidad. Ese estado determina que la bota militar, la Policía, la fuerza pública y el Presidente tomen decisiones absolutamente incoherentes y autoritarias, que pueden afectar a largo plazo la vida social del país. Esto definitivamente es una figura peligrosa, además porque sabemos que puede iniciar en cualquier momento, pero no sabemos jamás cuándo ni cómo va a terminar.
¿Cómo se financian sus actividades?
Se financian de la cooperación internacional que gestionamos a través de la presentación de proyectos y de un trabajo altruista dedicado, absolutamente responsable, con un equipo humano maravilloso, de aproximadamente 43 personas, que está por todo el país y adelanta sus tareas con fundamento y con un imperativo ético. Esta financiación la logramos gracias a la calidad de trabajo que realizamos y a la rigurosidad en el manejo de los recursos que esa cooperación internacional nos facilita. También gracias a la entrega de cuentas a las comunidades que acompañamos, por ejemplo las víctimas, de manera permanente y periódica. Esto hace parte integrante de nuestro quehacer y será así hasta que el colectivo logre la misión institucional que tiene, que es la de lograr visibilizar estos delitos y estas graves vulneraciones a los derechos humanos, como parte del ejercicio que se requiere para una Colombia en paz.
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