Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, nuestro país ocupa este deshonroso primer lugar en América Latina y los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos tienen graves deficiencias.
El Unicornio revela el contenido del informe que Human Rights Watch publica en su portal de Internet, basado en estadísticas y documentos oficiales del Gobierno colombiano, publicaciones de organizaciones humanitarias y de ONGs nacionales e internacionales, así como en artículos de prensa.
El informe, publicado el miércoles 10 de febrero de 2021, se titula Colombia: Graves deficiencias en la protección de líderes sociales.
«(Washington D.C.) – Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, señaló Human Rights Watch.
El informe de 136 páginas, «Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia», documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del Presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas ubicadas en 20 de los 32 departamentos de Colombia, incluidas autoridades judiciales, fiscales, funcionarios públicos, funcionarios de derechos humanos, miembros de organizaciones humanitarias, defensores de derechos humanos y policías. Human Rights Watch también consultó información y estadísticas proporcionadas por múltiples organismos gubernamentales y ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y el Consejo Superior de la Judicatura.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde la desmovilización de las FARC como parte del acuerdo de paz de 2016. Otros grupos armados, incluyendo varios que surgieron de las FARC y que son conocidos como “disidencias”, han llenado ese vacío y actualmente se disputan el control de los territorios, desarrollan actividades ilegales y cometen ataques contra civiles. Human Rights Watch documentó las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas más afectadas del país.
La Oficina del ACNUDH ha documentado un número creciente de estos asesinatos, que pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. La oficina ha documentado 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento, y sigue trabajando en la verificación de otros 80 casos. Al menos 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016.
La Defensoría del Pueblo, un órgano que debe ser independiente del poder ejecutivo, reportó un aumento en la cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2019 y 2020.
La incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por las FARC ha permitido en gran medida esta dinámica. El gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos.
Los asesinatos obedecen a dinámicas distintas según la región. En el Norte del Cauca, las disidencias han asesinado a numerosos defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios.
“[Los grupos armados] tienen armas, carros, dinero, tienen todo para hacernos la guerra”, dijo un líder indígena a Human Rights Watch. “Nosotros solo tenemos nuestros bastones de mando que simbolizan nuestra autoridad, nuestra resistencia pacífica y la defensa que hacemos de nuestro territorio”.
En Tumaco, los grupos armados han asesinado a defensores de derechos humanos por supuestamente colaborar con el Ejército o desobedecer las “órdenes” de los grupos. También han amenazado a las personas que apoyan proyectos para sustituir los cultivos de coca —la materia prima con la que se elabora la cocaína— con cultivos de alimentos.
Argemiro Manuel López Pertuz, de 46 años, quien encabezaba el programa de sustitución de cultivos para 200 familias en una zona rural de Tumaco, fue asesinado el 17 de marzo de 2019 por hombres que entraron a su vivienda y le dispararon 12 veces. La evidencia obtenida por la Fiscalía sugiere que lo mataron miembros del grupo armado Contadores, quienes lo habían acusado de colaborar con la Fuerza Pública.
Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre, concluyó Human Rights Watch.
La Unidad Nacional de Protección, una entidad del Ministerio del Interior, tiene a su cargo desde 2011 la protección de personas en riesgo. La unidad ha hecho grandes esfuerzos para otorgar medidas de protección individual a cientos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a las amenazas que se denuncian ante la Fiscalía, y muchas de las personas asesinadas no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas.
La unidad también ofrece medidas de protección colectivas a comunidades o grupos. Pero su presupuesto es muy limitado y la unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido.
El gobierno tampoco ha implementado el plan de protección integral que estableció el Ministerio del Interior en 2018. La implementación de cuatro planes piloto lanzados en 2018 para llevar adelante este plan apenas ha comenzado.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desempeña un rol crucial en el monitoreo de riesgos, en especial en regiones remotas. Sin embargo, las autoridades nacionales, departamentales y municipales en muchas ocasiones no han respondido a las numerosas “alertas tempranas” de la Defensoría o han adoptado medidas que son proforma y tienen escaso impacto en el terreno.
El gobierno tampoco ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una entidad que se ocupa de diseñar políticas para desmantelar a los grupos criminales responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Por ello, la comisión no ha logrado resultados concretos.
Los esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de estos asesinatos han sido más significativos. La Fiscalía General de la Nación ha aprobado directivas y ha creado una unidad especializada para investigar los asesinatos. En total, ha logrado 59 condenas por asesinatos de defensores derechos humanos cometidos desde 2016. No obstante, hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes, así como para desmantelar a los grupos armados responsables de estos asesinatos.
Un obstáculo clave es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos. El gobierno aún no ha puesto en funcionamiento un “cuerpo especial” de jueces encargado de juzgar estos casos que el presidente Duque anunció en mayo de 2019.
A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas orientadas a prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos y proteger sus derechos, señaló Human Rights Watch. Estas políticas deben tener en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que pueden influir en los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos en el país. Las autoridades también deben aumentar considerablemente la capacidad de la rama judicial y de la Fiscalía para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos asesinatos.
“A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aún más indefensas”, destacó Vivanco».
Si desea consultar el informe de las 136 páginas puede hacerlo aquí.
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