Por GERMÁN AYALA OSORIO
¿Cómo es posible que el país entero escucha una conversación privada entre Aída Merlano y Julio Gerlein donde este confiesa que a su campaña le invirtieron 12.000 millones de pesos… y no pasa nada?
No hay duda: la democracia en Colombia no solo deviene procedimental, precaria y formal, sino que ha servido de escenario y plataforma para que diferentes ‘mafias’ políticas, del narcotráfico y del contrabando hagan fabulosos negocios o laven cuantiosas sumas de dinero, patrocinando campañas presidenciales y de candidatos al Congreso. Y no se descarta que esos mismos recursos sirvan para imponer o comprar jueces y fiscales. Se trata de millonarias “inversiones” en la operación del Estado, que se recuperan mediante contratos de obras públicas que conllevarán sobrecostos y demoras, cuando no resultan convertidas en “elefantes blancos”.
De tiempo atrás los electores se enfrentan a un pernicioso escenario de privatización mafiosa del Estado y de la institucionalidad democrática, aupado no solo por las mafias señaladas, sino por poderosos agentes económicos de la sociedad civil a los que les ha resultado benéfico capturar las instituciones públicas.
Los altísimos costos de las campañas para llegar al Congreso, a una alcaldía o gobernación e incluso a la presidencia de la República, suscitan toda suerte de sospechas, por cuanto ahí confluyen sin reparos morales los dineros y los intereses de criminales y “gente de bien”, parapetados en instituciones que hacen parte de la sociedad civil.
Los contratistas que financian campañas políticas son el eslabón de una cadena de procederes mafiosos con la cual logran poner alcaldes y otros mandatarios, y por esa vía privatizar al Estado. Así se consolida un sistema circular de intereses mafiosos que anula no solo el sentido democrático de las elecciones, sino que erosiona la legitimidad del sistema político y por ende, la del propio Estado.
Las denuncias de la excongresista Aída Merlano constatan lo que que aquí se dice: los miembros del clan Char y contratistas barranquilleros harían parte de ese sistema de intereses corporativos, familiares y societales que le da cuerpo el ethos mafioso conductor de la vida privada y pública de millones de colombianos. En buena medida, esos colombianos solo siguen el ejemplo de su clase dirigente y política. En otras regiones del país operan otros clanes, bajo la misma lógica. Al final, todos comparten una misma condición: se presentan como capitalistas y amigos del libre mercado y de la globalización económica, pero realmente son precapitalistas mafiosos.
De ese sistema circular hacen parte los periodistas que son llevados a cargos estratégicos en grandes medios de comunicación para que funjan como gatekeepers, o sea porteros con el poder de negar o no la publicación de denuncias o de hechos noticiosos en los que aparecen miembros de clanes o familias políticas. Al cumplir dichas funciones, esos periodistas se convierten en amanuenses y estafetas del régimen. Son cómplices indirectos de la corrupción, por cuanto con su silencio evitan que la opinión pública llegue a ser consciente de que la corrupción es el principal problema del país.
También hacen parte de ese sistema circular de corrupción pública y privada los organismos de control, pues operan en ligazón sistémica con los compromisos entre partidos políticos, políticos profesionales, mandatarios recién elegidos y patrocinadores de “buena fe”. De la misma manera, participan organismos de seguridad del Estado y miembros selectos de la fuerza pública, quienes prestan seguridad privada y colaboran con trámites, por ejemplo para la compra de armamento en las brigadas, así como para proteger la circulación de cuantiosas sumas de dinero en efectivo en época electoral.
Lo peor de todo es que no existe fórmula alguna que sirva para desmontar ese sistema circular de la corrupción pública y privada en Colombia. Por ello, los candidatos presidenciales que prometan acabar el “cáncer” de la corrupción están mintiendo, porque ya no es posible desmontar estas prácticas mafiosas, validadas incluso desde lo cultural. No hay nada qué hacer, apague y vámonos.
Adenda: El referendo contra la corrupción no pasó porque muchos de los que dijeron NO hacen parte del sistema mafioso circular de tinte mafioso que de tiempo atrás opera en Colombia, en forma de Estado.
* Foto de portada, tomada de Semana.com
Sobre el autor o autora
