Se modificó la ley de garantías dentro de la Ley de Presupuesto Nacional con un claro tufillo de corrupción generalizada (el gobierno comprando votos a cambio de mermelada) y el tsunami de críticas ante un Congreso tan venal no se hizo esperar. Muchos no entienden cómo pueden ocurrir tan vergonzosos actos dentro del más sagrado recinto de la democracia. Hoy, es muy lamentable constatarlo, nuestros «padres de la patria» se muestran más interesados en cuidar y engordar sus propios intereses que los del pueblo que los eligió.
El Congreso de la República incluyó una modificación al inciso primero del parágrafo del art. 38 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), que prohibía celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos entre los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Esta medida tenía como propósito evitar un uso electoral de tales recursos para beneficiar a algunos candidatos o partidos
El primero en manifestarse fue la Misión de Observación Electoral (MOE).
Para la MOE, eliminar esta restricción abre la posibilidad a riesgos de corrupción administrativa, pues se podrían destinar recursos públicos con fines proselitistas en el marco de las elecciones. Cabe resaltar, que los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación que implica mayor discrecionalidad en la destinación de los recursos y menos controles por parte de las autoridades.
“Considerando que el clientelismo y la corrupción son de los principales problemas de las elecciones en Colombia, resulta totalmente inconveniente y peligroso para la democracia que se modifiquen las reglas de transparencia, pues los recursos pueden ser empleados para favorecer campañas”, manifestó Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.
La justificación dada por el Gobierno Nacional y los congresistas para realizar esta modificación es la necesidad de reactivar la economía, afectada por la pandemia. Sin embargo, este argumento no es claro, pues en la discusión no se demostraron las razones por las cuales la reactivación económica se puede lograr a través de la celebración de convenios interadministrativos, especialmente cuando existen otras modalidades de contratación, menos riesgosas, que no se suspenden en el marco de las elecciones.
Por último, pero no menos importante: la Ley de Garantías es una ley estatutaria, debido a que trata temas de transparencia y equilibrio electoral. Por ello, independientemente de que estas no pueden ser modificadas por una ley ordinaria, cualquier cambio a las mismas debe pasar por una revisión de la Corte Constitucional. “Es indispensable que la modificación sea analizada por el alto tribunal previo a su vigencia, pues es necesario generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”, afirma Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.
El precandidato del Pacto Histórico, Roy Barreras también protestó y trinó al respecto: «Demandaré hoy mismo ante la Corte Constitucional la eliminación de la Ley de Garantías que votaron en la madrugada de hoy.Viola la unidad de materia.Contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto. La ley 996 es estatutaria».
«Y no se puede cambiar en una Ley Ordinaria. Las mayorías en mermeladas confían en que cuando la Corte tumbe el adefesio ya el daño está hecho pero se equivocan porque: 1) Apelaré al trámite de urgencia. 2) La Ley estatutaria tiene control previo. No pueden aplicarla porque prevarican», concluyó Roy.
De la misma manera el senador y también precandidato por el Partido Liberal Luis Fernando Velasco señaló: “Le he solicitado al Presidente del Senado que le envíe a la Corte Constitucional la ley o el artículo que modifica la ley de presupuesto para que la Corte de pronuncie. Debe hacerlo en una obligación constitucional”.
El Senador dijo que confía en que la Corte logré “impedir la trampa que algunos sectores del Congreso le quieren hacer a la democracia”. La decisión tomada por el Congreso es inconstitucional. “Ley de garantías busca que no se use el poder del Estado, el presupuesto que manejan los gobernantes para a favorecer a sus candidatos. Esa ley es un derecho fundamental; por esto cuando se debate esta ley se debate como estatutaria y solo puede ser modificada por otra ley estatutaria. La ley de presupuesto, es una ley ordinaria, y con una ley ordinaria no se puede modificar una estatutaria y eso hizo el Congreso, eso es burdo e inconstitucional. Por eso demandaré la decisión”, señaló Velasco.
Agregó que al modificar una ley estatutaria, esta antes de entrar en vigencia debe ser estudiada por la Corte Constitucional, sin que la Corte de viabilidad no puede entrar en vigencia.
“Si quisieron hacer trampa suspendiendo la Ley de garantías no la puede hacer, porque no puede entrar en vigencia la suspensión de la ley de garantías sin que la Corte la revise”, concluyó.
Por el lado de lso gremios tampoco están muy contentos. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDl), Bruce Mac Master, escribió en su cuenta de Twitter que es una verdadera lástima que el Congreso no haya atendido el llamado de tantos para que no se aprobara el cambio a la Ley de Garantías y dio tres razones por las que él considera que no es conveniente que se haya modificado la ley de garantías, y dice:
- Porque se cambia en medio del proceso electoral.
- Porque veremos convenios interadministrativos hasta la fecha misma de las elecciones.
- Porque es un premio a la falta de planeación de entes territoriales.
En carta enviada al Ministerio de Hacienda y a los presidentes de la Cámara y el Senado, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, pidió retirar ese artículo.
“Las restricciones asociadas a la contratación directa y a la celebración de convenios interadministrativos deben preservarse de tal manera que se impida la ejecución de recursos públicos con el fin de dirigirlos hacia intereses particulares, muchas de las veces vinculados a campañas políticas regionales”.
Al parecer, al igual que en el fútbol, los congresistas le metieron un gol al país. Falta la revisión del VAR, que en este caso sería la Corte Constitucional para ver si valida o no ese gol. Para muchos, hasta el árbitro de la contienda estaba en fuera de lugar.
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