Por GERMÁN AYALA OSORIO
El aterrizaje de Luis Pérez al Pacto Histórico causa revuelo dentro del petrismo. Y no es para menos, pues el exgobernador de Antioquia es señalado por distintas fuentes de ser cercano a los paramilitares o simpatizante del paramilitarismo. El señalamiento se sustenta en su amistad con el excongresista Óscar Suárez Mira, condenado por recibir dinero de los paramilitares.
Mientras muchos intentan “tragarse el sapo” que representa la llegada del controvertido político al Pacto Histórico, Gustavo Petro justificó la decisión amparado en su búsqueda de una paz superior, aquella que el país debe hacer con todos, incluidos, por supuesto, los uribistas y aquellos cercanos ideológicamente al fenómeno paramilitar o admirados y respetados en las huestes de los neoparamilitares. Nadie puede quedar por fuera del Pacto, si de verdad queremos transformar a Colombia, ha señalado en varias ocasiones el candidato presidencial de la Colombia Humana. Además, Petro reconoce en Pérez a un sagaz jugador político, el mismo que logró vencer al uribismo y al fajardismo en 2015.
Aquí expongo una hipótesis que explicaría el porqué de la llegada del llamado “pacificador” de la Comuna 13 de Medellín. Esta se expresa de la siguiente manera: un eventual triunfo presidencial de Petro provocaría la reacción violenta de sectores del Establecimiento afines al fenómeno paramilitar y por supuesto, a los paramilitares que aún operan en Colombia. Por ello, permitir la llegada de políticos que en el pasado tuvieron vínculos, amistades o simpatías ideológicas con ese actor armado, podría apaciguar los ánimos de quienes, en particular en Antioquia, ven como un peligro para sus negocios y actividades la llegada de Petro a la Casa de Nariño.
Petro sabe que Uribe dejó sin rumbo a cientos de paras, con su fallido proceso de desmovilización. Muchos de estos exmilitantes estarían hoy dedicados al sicariato y al narcotráfico, hecho que les da un enorme poder económico y que facilitaría un atentado contra él o la explosión de formas sistemáticas de violencia en Antioquia.
Hay circunstancias contextuales que le dan verosimilitud a la hipótesis expuesta. Baste con recordar las relaciones de connivencia entre miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En tal medida, un golpe de Estado a Petro debería contar con el apoyo de ese sector castrense que mantiene relaciones con los grupos paramilitares que al parecer operan acéfalos o, por lo menos, sin la estructura y el poder político que en su momento exhibieron comandantes como Salvatore Mancuso.
Petro sabe que Antioquia fue -y es posible que aún lo sea- un fortín paramilitar. De allí que el aterrizaje de Pérez constituye no solo una jugada política y electoral, sino un ofrecimiento de reconciliación y paz con esas fuerzas al margen de la ley que podrían generar formas prolongadas de violencia y poner en riesgo la estabilidad institucional del país, en el hipotético caso de que gane la presidencia en el 2022.
En los últimos meses Gustavo Petro ha logrado acercarse a empresarios medianos y pequeños, con la intención de aclarar los miedos que la prensa y el uribismo han generado, apoyados en el ya manido fantasma del castrochavismo (ahora «neocomunismo»), que convertiría a Colombia en otra Venezuela.
Si la hipótesis aquí expuesta tiene asidero, la campaña de Petro se estaría convirtiendo en una plataforma con miras a estructurar un pacto de paz total, eso sí sin justicia, perdón, verdad, desmovilización ni reparación, pero con el sometimiento de esas fuerzas desestabilizadoras al poder del Estado. Estamos hablando de un Pacto Político cuyas condiciones deberán ir más allá de respetarle la vida a Petro y dejarlo gobernar. Quizás debamos esperar hasta el 2022 para conocer cuáles son esas otras condiciones.
@germanayalaosor
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