En las horas de la mañana de este lunes 27 de mayo el expresidente Ernesto Samper Pizano divulgó un comunicado de Prensa donde sentó su posición frente a la posibilidad de adelantar lo que el presidente Gustavo Petro ha dado en llamar una “Asamblea constituyente por la paz”. Así se expresó Samper:
¿Asamblea constituyente por la paz? Sí, pero dentro del orden constitucional.
“En relación con la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para facilitar la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana me permito opinar lo siguiente:
𝟭º. La Constitución de 1991 no es intocable. De hecho, ha sido reformada varias veces desde su promulgación. La opinión ha mencionado temas que deberían ser incluidos en dicha reforma como: el ordenamiento territorial y la justicia. El presidente Petro ha mencionado la necesidad de incluir nuevas normas ambientales. También podrían ser mencionados temas relacionados con la paz como el régimen de tierras, la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el resarcimiento colectivo de las víctimas. La pregunta es: ¿cómo se deberían tramitar estos cambios constitucionales?
𝟮º. El artículo 𝟯𝟳𝟰 de la Constitución señala que cualquier reforma constitucional debe tramitarse a través del Congreso, una Asamblea Constituyente o un Referendo.
𝟯º. Para el caso específico de la Asamblea Constituyente el artículo 𝟯𝟳𝟲 señala que debe ser aprobada por una ley de mayorías en el Congreso, apoyada por una tercera parte del censo electoral (alrededor de 13 millones de ciudadanos) y elegida popularmente.
𝟰º. A la luz de estas normas vigentes NO es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Acuerdo de Paz de La Habana suscrito entre el Estado y las FARC: sería una Constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional.
𝟱º. Queda el camino de hacerlo a través de un Acuerdo Nacional, como el que ha propuesto el mismo presidente Gustavo Petro, en el cual los partidos políticos representados en el Congreso convengan los puntos clave de una reforma constitucional que alcanzaría a tramitarse -inclusive en dos sesiones legislativas distintas- antes de terminar el mandato del presidente.
𝟲º. Para que esta vía fuera posible, sería necesario un cambio en las acciones que la oposición está desarrollando contra el Gobierno, como: impedir que al menos se discutan sus reformas sociales en el Congreso, estimular la judicialización de la política (lawfare) y buscar el daño reputacional e internacional de la confianza en la economía, lo que se ha denominado un “golpe de Estado blando”, que busca impedir de manera ilegítima el ejercicio legítimo de la gobernabilidad en Colombia”.
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