La ya sospechosa dilación en la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene polarizado al país. Hay dos bandos claramente diferenciados: los que sospechan que hay togados pagándole favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, para conseguir que la controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma el manejo del ente acusador durante dos meses o más.
El otro bando, el de los uribistas y por tanto fervorosos antipetristas, creen que la presión de Petro a las Cortes es para salvaguardar la suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito. La nueva fiscal, de acuerdo con esta narrativa, al haber sido ternada por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender sus intereses. Es decir, que cualquiera de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la Nación será ficha de Petro y en consecuencia actuará desde uno de los bolsillos de la camisa del presidente de los colombianos.
En este contexto, periodistas afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que señala que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, procesado por enriquecimiento ilícito. Lo mejor que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas. Si hay pruebas contundentes, que lo condenen. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito, que se falle en consecuencia.
Desde la otra orilla Petro descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Yohir Akerman, que probarían que Mancera mantiene vínculos con fiscales mafiosos de Cali, quienes a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. Según esas investigaciones, Barbosa y Mancera estarían defendiendo las actuaciones oscuras de políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.
El tamaño de la corrupción en Colombia es colosal. Y no se vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucrados Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y magistrados de las altas cortes.
Los carteles de la Toga, la Hemofilia, y el caso de las Marionetas dan cuenta de verdaderas empresas criminales, cuya operaciones giraron en torno a magistrados que vendían fallos amañados, mientras de otro lado congresistas corruptos desviaban millonarios recursos gracias a sus contactos con dependencias como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de inversión para la paz (OCAD), o asociados a políticas públicas de corte social.
En medio de esos entramados de corrupción aparece la Fiscalía General de la Nación no como una entidad diseñada para investigar y acusar a los corruptos, sino para evitar que se investiguen y castiguen conductas punibles. De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales generales puestos ahí para tapar, minimizar u ocultar conductas delictivas de sus aliados.
Por todo lo anterior, la elección del Fiscal General de la Nación se asume como un deber ser, una oportunidad dorada para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de corrupción; por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.
Los mecanismos para elegir a las cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de favores, cuando quien gana una elección asume que está en la obligación de entregar su manejo a los políticos para su administración, saqueo o direccionamiento.
Por todo lo anterior afirmamos que hay dos narrativas enfrentadas en la enrevesada elección del remplazo de Barbosa, pero una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará jamás.
@germanayalaosor
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