Por GERMÁN AYALA OSORIO
La investigación que la Fiscalía de Guatemala abrió contra el ministro de Defensa colombiano generó, además de la crisis diplomática, una reacción en cadena de apoyo hacia Velásquez de periodistas, tuiteros, políticos e incluso del propio subsecretario de Estado de EE.UU., Brian Nichols. Como se sabe, Velásquez lideró una comisión internacional que investigó la corrupción política en ese país, asociada a la operación mafiosa de la multinacional Odebrecht. Y haber tocado a políticos y miembros de la élite corrupta de Guatemala hizo que el investigador Velásquez fuera declarado en su momento persona no grata y convertido en enemigo número 1 de poderosas familias locales, guiadas por el ethos mafioso con el que se acogió a los directivos brasileros de Odebrecht.
José Rafael Curruchiche Cacul es el nombre del Fiscal guatemalteco que tomó la decisión jurídico-política, con la que busca enlodar el buen nombre de Iván Velásquez y por ese camino, generar una crisis de legitimidad que lleve a que la oposición en Colombia, de la mano de militares activos y de la reserva, exijan la renuncia del ministro de la Defensa.
¿Qué puede haber detrás de semejante hecho jurídico-político? Lanzo la siguiente hipótesis: el Fiscal de Guatemala no investiga a Iván Velásquez por iniciativa propia. En connivencia con miembros de la derecha colombiana, asociada a lo que se conoce como el uribismo, buscan, unos y otros, deslegitimar al ministro y generar al interior de las FFAA un cisma, con el apoyo de militares retirados y oficiales en servicio activo, que odian a Gustavo Petro y que de tiempo atrás están ambientando un “ruido de sables” en Colombia. Es decir, Velásquez les sirve de chivo expiatorio y como ejercicio para medir qué tanto respaldo internacional podría recibir al momento de intentar un golpe de Estado en Colombia o una obligada transición ante una crisis de legitimidad y gobernabilidad generada por la Oposición, con la ayuda de uniformados.
La conexión entre la derecha guatemalteca y la colombiana se produce porque comparten el mismo ethos mafioso y la consecuente captura del Estado. Odebrecht fue y es aún la prueba fehaciente de que la corrupción público-privada en los países en donde echaron a andar los proyectos de infraestructura es el común denominador en toda América Latina.
El ruido de sables que vienen ambientando militares activos y retirados cuenta con el apoyo de ciertos medios masivos y periodistas afectos al régimen uribista. Por eso, usan la decisión de Curruchiche para exigir la renuncia de Velásquez, para que enfrente, fuera del cargo, el posible llamado de la justicia guatemalteca.
La reacción del presidente Petro se explica porque la división de poderes en Guatemala no es tan clara como se podría suponer. Por eso, la respuesta del presidente Alejandro Giammattei constituye una defensa de la decisión tomada por el fiscal Curruchiche, lo que confirma que para el Ejecutivo la decisión de la Fiscalía guatemalteca tiene razones jurídicas, pero especialmente políticas. Y estas de inmediato permiten hacer conexión con los intereses de sectores de poder en Colombia interesados en deslegitimar al gobierno Petro, enlodando el buen nombre de su ministro de la Defensa.
La crisis diplomática desatada entre Colombia y Guatemala hay que leerla en clave pre electoral, dado que se avecinan elecciones regionales en Colombia y la derecha va con todo para atacar, desde los poderes locales y regionales, los proyectos de cambio y los ajustes que Petro viene tratando de hacer para hacer menos corrupto el régimen de poder.
La derecha colombiana seguirá apelando a todas las formas de lucha para erosionar el proyecto político continental que Gustavo Petro quiere liderar. Hoy lo intentaron con la ayuda de Guatemala. Pronto sabremos qué otro país se prestará para lo mismo.
@germanayalaosor
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