Por GERMÁN AYALA OSORIO
Los hechos ocurridos en Tierralta (Córdoba) consolidan la imagen negativa que arrastran unidades militares que durante los tiempos de la seguridad democrática se prestaron para ejecutar civiles (falsos positivos), patrullar junto a unidades paramilitares, hacerlos pasar como tropa oficial y facilitar operaciones al momento de perpetrar masacres.
A pesar de la barrida inicial de oficiales de alta y media graduación, el gobierno de Petro aún no logra desmontar el comportamiento anómalo y criminal de aquellos que dentro del Ejército naturalizaron el ethos mafioso que entre 2002 y 2022 se volvió paisaje en el mundo castrense.
En los ya conocidos hechos de Tierralta brotan varias preguntas que la cúpula militar debe responder: 1. ¿Quién firmó y cuál era el propósito de la orden de operaciones que condujo a estos militares hacia la vereda en la que intimidaron a los civiles? 2. ¿O acaso no hubo orden de operaciones? Sacar material de guerra y de intendencia a la calle no es una acción sencilla de acometer, salvo que detrás de la salida de los fusiles se haya dado un concierto para delinquir que hizo posible que los uniformados salieran de la unidad militar vestidos de camuflado y armados. Si es así, la investigación penal ordinaria y la que asuma la justicia penal militar deben aclarar ese asunto que no es menor, pero que el escándalo mediático suele soslayar. 3. ¿Qué propósito tenía la acción intimidante? 4. ¿Los militares que participaron del hecho criminal le estaban haciendo un favor a un hacendado, a un empresario, o a un político?
Por tratarse de una acción que no obedece a un acto del servicio, los hechos deben ser investigados por la Fiscalía y la Procuraduría. Ello no es óbice para que la Justicia Penal Militar asuma las pesquisas pertinentes, justamente porque ese uso indebido de las armas y del uniforme militar van en contravía de la dignidad, el decoro y el honor militares. Ojalá el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se ocupe del caso para, si es el caso, sacudir la línea de mando comprometida en los funestos hechos conocidos.
Los militares que participaron de los hechos intimidatorios contra campesinos actuaron bajo la figura de la perfidia o la felonía. Manchar de esa manera el honor militar deriva en una pérdida de la confianza de los civiles en las fuerzas legítimas. Hacerse pasar por un grupo ilegal (disidencias de las Farc o del ELN) obedece a una decisión que compromete no solo a los responsables, sino a la línea de mando bajo la que actuaron estos “facinerosos oficiales”.
Adhiero al editorial de El Espectador cuando señala que “lo que ocurrió en Tierralta, Córdoba, es una traición del más alto nivel. El actuar descarado de los encapuchados da a entender que se sentían seguros en la impunidad, por eso la justicia tiene que actuar de forma contundente. El Ejército debe tomar las acciones de reestructuración necesarias para garantizar que los uniformados que estén en la zona puedan trabajar en recuperar la confianza perdida. Y, ante todo, debemos proteger a las personas de la comunidad que se atrevieron a denunciar”.
Hay que descartar que dicha acción criminal obedezca a una práctica sistemática de unidades militares acostumbradas a hacerse pasar por tropas paramilitares como sucedió en el pasado o como guerrilleros, para afectar procesos de paz en camino de consolidación, o simplemente, para hacerles mandados a narcos, terratenientes, ganaderos o empresarios del campo. Ojalá aquello de participar en el Teatro de Operaciones no quede en la cruel y criminal actuación de estos uniformados que mancillaron el honor militar de servir al Estado y en particular, de proteger a la población civil.
@germanayalaosor
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