Por JORGE SENIOR
La gran mayoría de los colombianos decimos defender las instituciones. Pero hay dos formas de entender tal defensa: la democrática y la antidemocrática. Por ejemplo, si una institución es corrupta, el antidemócrata cree defenderla disculpando la corrupción, eludiendo toda crítica efectiva. El demócrata, en cambio, entiende que defender una institución corrupta es defenderla frente a la corrupción, es decir, implica atacar la corrupción que campea dentro de la institución.
Algo similar sucede cuando una institución viola sistemáticamente los derechos humanos. El antidemócrata, so pretexto de defender la institución, termina defendiendo en realidad la violación de los derechos humanos y perjudicando a la institución. El demócrata, en contraste, defiende a la institución frente a la violación de los derechos humanos, así ello implique cirugía mayor.
Estas dos posturas las vimos hace poco en el Congreso durante la moción de censura al Ministro de Defensa, Diego Molano.
Los demócratas no defendemos la institucionalidad per se, sino la institucionalidad democrática. No cualquier institución cumple con esa condición. Por ejemplo, la policía política no la cumple, porque no representa al conjunto de la nación sino sólo a cierto grupo o grupos políticos. Tampoco la cumplen las distintas ramas del poder cuando han perdido la independencia y una de ellas se impone sobre las demás, quebrantando el principio fundamental de la democracia: la separación de poderes. La concentración de poder tiene carácter dictatorial, aunque haya formalmente elecciones. Es evidente que si la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral (CNE) no son independientes, las elecciones carecen de garantías democráticas.
El demócrata está de acuerdo con el monopolio de las armas por parte del Estado. Este criterio se vulnera legalmente cuando proliferan empresas privadas de seguridad (poco vigiladas), se adjudican licencias de porte de armas a discreción, o se crean cuerpos paramilitares legales como las Convivir. Todo esto ha sucedido en Colombia.
Además, el monopolio de las armas como criterio presupone un Estado legítimo. Y la legitimidad depende de que el Estado represente a toda la nación, a todas las clases sociales, a todas las etnias, a todo el espectro político que participa legalmente en los procesos electorales, tanto de derecha como de izquierda. ¿Resistiría el generalato una evaluación de representatividad?
Si la policía y las fuerzas militares representan sólo a ciertos grupos políticos, ciertas ideologías, entonces estamos ante unas fuerzas armadas politizadas y, por ende, no legítimas. Allí no cabe entonces proclamar el monopolio de las armas. Así sucedió en la época del enfrentamiento violento entre conservadores y liberales que produjo centenares de miles de muertos. Y así sucede actualmente cuando la extrema derecha con el “Centro Democrático” a la cabeza adoctrina y domina a las fuerzas armadas. El mismo sector político extremista que viene aniquilando la separación de poderes.
En pleno 2021 las fuerzas armadas de Colombia siguen secuestradas por una doctrina de los tiempos de la “guerra fría”, se ven a sí mismas como fuerzas antiizquierda. Se han manifestado incapaces de superar la impronta conservadora que las creó a fines del siglo XIX bajo el concepto de defender los privilegios y la desigualdad restringiendo libertades. Aquella era una sociedad de castas, prácticamente. Y esa doctrina anacrónica no encaja ni con el Estado Social de Derecho de nuestra Constitución, ni con el espíritu de los tiempos actuales, mucho más igualitarios, libertarios y respetuosos de los derechos y la dignidad del ser humano. Defender la institucionalidad de manera consecuente es adecuarla a la democracia plena.
En una columna reciente expuse algunas ideas para reformar a la policía, varias de las cuales aplican también para las fuerzas militares. Unas fuerzas armadas democráticas deben representar a toda la nación, incluyendo a los indígenas, los afrodescendientes, la izquierda, los pobres. No pueden ser una institución que sólo represente a la derecha conservadora, a los blancos, a los ricos, como ha sido su tradición. Y esto vale para todas las instituciones del país.
De la misma manera el Estado colombiano no debe tener preferencias por una religión específica, desconociendo a otras religiones y a los ateos y agnósticos. Este precepto constitucional de neutralidad religiosa lo violan la policía, las FFMM y también las gobernaciones, alcaldías, gobierno nacional, jueces, maestros, creyendo que viven en la Colombia ultracatólica de 1886.
En resumen: las instituciones verdaderamente democráticas deben ser aptas para la alternancia de la izquierda y la derecha en el poder. ¿Está Colombia preparada para la alternancia?
“Yo apoyo a la Fuerza Pública”
A raíz de la movilización social desatada desde el 28 de abril hemos visto a una policía actuando como ejército de ocupación en los barrios populares bajo la antipatriótica concepción del “enemigo interno”. El pueblo respondió en legítima defensa, así fuese con piedras y palos contra balas y tanquetas. La asimetría se evidencia en el número de víctimas letales y lesionadas.
El uribismo entonces convocó marchas de “camisas blancas”. Perfecto, tienen pleno derecho a manifestar, como todo el mundo. Fueron descoloridos desfiles de “gente de bien”, afín a la narcooligarquía, dizque para respaldar a “sus” fuerzas militares, poniendo en evidencia lo que he descrito en esta columna: consideran que las fuerzas armadas son su propiedad privada. Y quizás lo han sido de hecho, pero no de derecho. Se trata de un abuso, violatorio de la Constitución Nacional.
Pude observar entonces a algunas personas con camisetas que decían: “Yo apoyo a la Fuerza Pública”. Estoy de acuerdo con la frase, pero poniéndole como 12 asteriscos.
Pues, ¿qué significa la afirmación incondicionada «Yo apoyo a la Fuerza Pública»?
*¿Apoyo a la violación de Derechos Humanos?
*¿Apoyo a la violación al derecho a la manifestación pacífica?
*¿Apoyo a la infiltración de las marchas?
*¿Apoyo al vandalismo realizado por policías uniformados o agentes de civil?
*¿Apoyo al uso de armas letales contra población desarmada?
*¿Apoyo al uso desproporcionado de la fuerza?
*¿Apoyo a matar, torturar o desaparecer civiles capturados?
*¿Apoyo a masacres realizadas por agentes estatales?
*¿Apoyo a allanamientos ilegales?
*¿Apoyo a la permisividad o encubrimiento policial a civiles no identificados que disparan contra manifestantes?
*¿Apoyo al uso militar de instalaciones o vehículos civiles?
*¿Apoyo a la impunidad de agentes estatales?
A los amigos uribistas les digo: yo también apoyo la Fuerza Pública, pero quítémosle esos asteriscos. Hagamos la reforma de la policía y de las fuerzas militares para que logren ser auténticamente democráticas y no actúen contra el pueblo. ¡Es hora de nacionalizar la Fuerza Pública!
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