En estos días hay un duro debate en torno a la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Petróleos de Colombia, Ecopetrol.
Ecopetrol es la principal empresa de Colombia y una de las más importantes del mundo en la industria de los hidrocarburos. Es una empresa del Estado (87% de las acciones) y administra la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Fue creada en 1951 y a lo largo de sus 73 años de existencia se ha consolidado como un poderoso activo de los colombianos y el Estado.
La derecha neonazi tiene allí instalados desde tiempo atrás, sus venenosos tentáculos y a lo largo de varios años ha sido manipulada para favorecer a poderosas fichas del uribismo, como Luigi Echeverri, el campeón del contrabando de combustible saqueando barcos mercantes en Coveñas, quien hizo hasta para vender con la empresa: robo de combustibles, control de amplias franjas de funcionarios y direccionamiento privado de las utilidades y las regalías que le corresponden al Estado.
Avanza el proceso de elección de su Junta Directiva que está integrada por 9 miembros, casi todos extraídos de los ámbitos financiero o corporativo, y de las alcantarillas políticas de la extrema derecha asociada a Uribe Vélez, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana.
Coherente con su programa de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de escoger como nuevos miembros de la Junta Directiva a representantes de los sectores sociales, ambientales y progresistas del país.
En ese sentido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le corresponde por ley hacerlo, ha postulado a los ciudadanos Ángela María Robledo, reconocida activista por los derechos sociales y de la mujer; a Edwin Palma, expresidente del sindicato de Ecopetrol, la USO, y actual viceministro del Trabajo; a Lilia Tatiana Roa, ministra del Medio ambiente y líder contra el fracking; y al exsenador liberal del departamento de Nariño Guillermo García Realpe, para que integren la nueva Junta Directiva, que se elegirá en la Asamblea de accionistas del 22 de marzo que se adelantará en Bogotá.
Esta lista no ha sido de buen recibo de la casta imperante en la actual Junta directiva, recargada de tecnócratas neoliberales y de las fichas de los conglomerados financieros asociados con la Bolsa de New York y el BID.
Los argumentos esgrimidos en el rechazo tienen que ver con temas reputaciones, con ausencia de títulos en universidades gringas y por el origen popular y democrático de los postulados por la presidencia de la república.
La actual Junta Directiva de Ecopetrol es una encopetada casta que no refleja los intereses comunitarios de Colombia, ni los compromisos del gobierno nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro.
Es evidente que este exclusivo club de privilegiados no comparte el compromiso ambiental que representa Lilia Tatiana Roa y su lucha contra el fracking; menos la trayectoria sindical de Palma; y menos aún la raíz progresista de García Realpe.
Como en el caso de la elección de la nueva fiscal general, que ha recaído en la ilustre jurista Luz Adriana Camargo, tenaz luchadora contra la corrupción y la impunidad, si la persistencia y perseverancia del campo progresista echó atrás las maniobras de los carteles de la corrupción y el crimen en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía de Barbosa/Mancera, en la votación de Ecopetrol toca propiciar la movilización popular y social hasta lograr que su Junta Directiva dé un timonazo en favor de la democracia, los derechos humanos y ambientales asociados con la transición energética y la protección de la naturaleza.
Vamos por esa. No hay que bajar la guardia ni facilitar los planes de los pulpos burocráticos petroleros.
@HoracioDuque8
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