Por GERMÁN AYALA OSORIO
El ya largo proceso judicial del que es parte procesal Álvaro Uribe en calidad de acusado por manipulación de testigos y fraude procesal deja efectos inocultables en la majestad de la justicia, en consideración a que afectan negativamente la legitimidad del aparato judicial colombiano. Con el permanente ‘alargue’ mediante recursos mañosos por parte de la Fiscalía -hoy al servicio del enjuiciado-, pierden el país y la sociedad en la medida en que se confirma que la “ley es para los de ruana” y que, a pesar de las contundentes pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el poder intimidante de Uribe Vélez sigue intacto y va de la mano de las pactos que están prestos a firmar jueces y fiscales, a costa de su dignidad y del buen juicio jurídico.
Hoy lunes 10 de octubre, por segunda vez la Fiscalía de Francisco Barbosa solicita por segunda vez al juez 41 penal de conocimiento de Bogotá que precluya la investigación y el proceso contra su defendido. Ya la jueza 28 de conocimiento de Bogotá había negado dicha solicitud, amparada en la consistencia, legalidad y legitimidad del material probatorio que logró consolidar la Corte Suprema.
El caso Uribe se ha convertido en algo engorroso y tortuoso, que manda un muy negativo mensaje a la sociedad. La confianza de los ciudadanos en el aparato de justicia se debilita por cuenta de la probada incapacidad para vencer en juicio y condenar al expresidente por los delitos que lo tienen en su actual condición sub judice.
En medio de tretas y dilaciones de sus abogados, y de las presiones de todo tipo que han sufrido las víctimas y otros agentes procesales, el proceso contra Uribe constituye la mayor vergüenza para el ejercicio del derecho, la aplicación de la justicia y la probidad del mismo procesado. Que hoy la Fiscalía de Barbosa esté solicitando la preclusión de nuevo confirma que la institucionalidad que dicho organismo está atada ideológica y políticamente a las maneras en las que Uribe viene actuando desde adentro contra el mismo Estado. Esas maneras poco ortodoxas están moral y éticamente comprometidas, solo aportan a la confusión moral en la que está sumergida la sociedad colombiana. Uribe, la ficha más visible y expuesta de este oprobioso estado de cosas, justamente se vienen erigiendo como el faro ‘inmoral’ para millones de colombianos que lo siguen viendo como referente y ejemplo de liderazgo político.
El desgaste para una parte de la sociedad puede darse en la imagen del expresidente, por supuesto, pero también en el significado que tiene la figura presidencial. Aunque muchos pensarán que ver al ya envejecido mesías dándole cuentas a la justicia es suficiente, así no resulte condenado, lo cierto es que el sinnúmero de procesos que reposan en la Fiscalía, en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes (formalmente conocida como Comisión de Acusaciones) y en la propia Corte Suprema, dan cuenta de la ineficacia de la justicia frente a quien lleva tanto tiempo burlándose del aparato judicial en su conjunto.
El caso Uribe Vélez confirma entonces lo que le dijo el exembajador Myles Frechette (q.e.p.d.) al periodista Gerardo Reyes: “…los colombianos son queridos, muy queridos, pero maman gallo, ponen conejo, hacen plata ilegal con el narcotráfico. Yo he conocido a colombianos que en un tiempo se le acercaban narcos y le decían mira, dame mil dólares como participación en un cargamento de cocaína y te regreso diez mil después de vendido en Estados Unidos. Y ellos ponían la plata”. (Frechette se confiesa, por Gerardo Reyes – Editorial Planeta).
Cuando el talante de la élite que describió Frechette se junta con el malicioso ejercicio del derecho por parte de fiscales con graves fracturas en su ética y en su criterio legal, la conocida frase de Voltaire cobra vida: “El último grado de perversidad es servirse de las leyes para la injusticia”.
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