Por JORGE SENIOR
Cumplido el primer año del gobierno del Cambio, se publican balances desde múltiples puntos de vista. A estas alturas, el viejo principio de que ganar el gobierno no es ganar el poder se ha hecho evidente para muchos.
Sin embargo, en la cultura política colombiana, país de régimen presidencialista, el mesianismo prima todavía. Una prueba de ello es la inmensa diferencia entre los resultados electorales para Congreso de la República en marzo de 2022 y lo que sucedió luego en las presidenciales, no sólo por el triunfo de Petro y Francia sino también por el paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández y la eliminación del candidato de las maquinarias, Federico Gutiérrez. ¿Cómo se explica semejante incoherencia de los votantes? Probablemente porque se suele creer que el presidente de la República tiene mágicos poderes omnímodos.
La realidad es bien distinta. A pesar de nuestro régimen presidencialista, la cabeza del poder ejecutivo tiene importantes limitantes, no sólo por los contrapesos democráticos sino sobre todo por los poderes fácticos. Ese aspecto complejo del poder no era notorio mientras el presidente elegido prácticamente era una ficha de esos poderes, que además dominaban los contrapesos de tal manera que consolidaban una hegemonía de las élites. Se configuraba así un sistema oligárquico en Colombia, normalizado como inevitable ante la opinión pública.
El año pasado ese sistema oligárquico sufrió una fractura al producirse el triunfo electoral de una figura que se ha enfrentado a las élites a lo largo de toda su trayectoria política. Aunque la victoria de Petro no fue del todo sorpresiva, el sistema oligárquico tuvo que acusar el golpe, reacomodarse y ponerse en modo de defensa estratégica. Lo que se ha configurado poco a poco en los últimos 12 meses es un cerco contra el mandatario reformista, maniatándolo, hostigándolo o jugando con la astucia política, aparentando cogerla la caña al Acuerdo Nacional. El objetivo es obvio: minimizar los cambios, evitar o moderar las reformas sustantivas, lograr que se mantenga el statu quo sin necesidad de desbaratar el país.
Entre los contrapesos propios de la democracia liberal tenemos: el Congreso de la República, las famosas “ías” (fiscalía, procuraduría, contraloría, auditoría, contaduría), los gobiernos departamentales, distritales y municipales.
Hasta ahora los parlamentarios de las mayoritarias fuerzas de derecha se han dividido el trabajo entre hacer oposición, ser independientes y ser “partido de gobierno”. El balance de esa estrategia combinada es dominar partes del ejecutivo y ralentizar la agenda legislativa de iniciativa gubernamental. Por ejemplo, el meganegocio del Canal del Dique con Sacyr, que viene del gobierno Duque y criticamos en columnas anteriores, no pudo ser detenido. La reforma tributaria bajó de 70 a 20 billones, el plan de desarrollo sufrió la extracción de sus colmillos y las reformas sociales (salud, laboral, pensional) siguen desgastándose en su viacrucis legislativo.
El caso de las “ías” es aún más patente: la Fiscalía y la Procuraduría se han convertido en cabezas visibles de la oposición y han tenido varios choques frontales con presidencia, mientras garantizan un manto de impunidad frente a las actuaciones delictivas de la derecha, como es el caso de Odebrecht, los Zuluaga, el grupo Aval y el anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez. Se viene ahora la elección de nuevo fiscal y las bodegas uribistas promueven la idea del conflicto de interés del presidente, debido al caso de su hijo. Petro se apresuró a enviar terna de féminas, una buena jugada, pero quizás se equivocó con Amparo Cerón. Ya veremos.
Las elecciones territoriales son el otro punto crítico del semestre. Y todo parece dado para que la derecha se imponga, pues ellos saben que ahí se juegan uno de los principales contrapesos frente al gobierno central, que ya no manejan. En contraste, el Pacto Histórico ha sido terriblemente torpe e inepto para afrontar ese reto. Lo que debería ser el escenario de su consolidación como fuerza política, podría ser el terreno de su entierro. Esto es futurología, pero lo cierto es que tras un año de gobierno no se ha podido ni siquiera constituir un partido unificado que garantice la continuidad del proyecto político después de 2026.
Más importante aún son los poderes fácticos estructurales: armas, dinero, tierras, gremios, infraestructura, puestos, radio, prensa, televisión.
Más de una vez el presidente se ha quejado de la burocracia estatal, que es como dormir con el enemigo. Allí anida la coima, el tráfico de influencias, el aprovechamiento de información privilegiada, la operación tortuga. El nuevo gobierno cambia por encima los altos cargos, pero el funcionamiento del Estado depende de mandos medios y operativos que llegaron allí de la mano del clientelismo y perpetúan esas prácticas, pues ven a sus jefes de turno como aves de paso. También hay que reconocer que el gobierno ha sido muy centralista y paquidérmico para nombrar a sus delegados en diferentes espacios y sin que sea clara su estrategia.
El gobierno busca potenciar la economía popular, el cooperativismo, las comunidades energéticas, la reforma agraria, el crédito popular con el Banco Agrario. Tales esfuerzos avanzan en la dirección correcta, pero enfrentan muchas fricciones con los legados del pasado y en todo caso sus resultados se verán a mediano plazo.
Sin la expropiación expedita, que el Congreso no aprobó, la reforma agraria nunca podrá lograr la meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas. A la propuesta del presidente de comprarles la mitad de la finca, los latifundistas maman gallo. La esperanza de que cambien de mentalidad es ingenua. En el campo energético, el famoso “Pacto por la Justicia Tarifaria” fue una burla. El gobierno no pudo manejar la CREG por freno del Consejo de Estado y la Superintendencia de Servicios Públicos no ha podido poner en cintura la cartelización de las empresas generadoras de energía. Hogares y empresas de la Costa están ahogadas por las altas tarifas y no hay solución a la vista. Y esto es apenas un ejemplo del poder económico, que es el cerco más poderoso.
Petro barrió la cúpula militar y de la Policía, ha mejorado las condiciones de la base uniformada y ha redirigido la fuerza pública hacia acciones cívico-militares, intervenciones de ingeniería y mejoraron los resultados en la interdicción de droga, pero no ha podido realizar la reforma estructural de las FF. AA.
Se me acabó el espacio en esta somera aproximación al balance de los poderes fácticos. Falta mencionar otros componentes, entre ellos el más visible de todos: el cerco mediático desinformativo. El llamado “cuarto poder” es hoy en Colombia un brazo del poder económico y en más de un caso ya se han quitado la máscara.
En resumen, el balance de los poderes fácticos y los contrapesos aliados durante el primero de los cuatro años es que están logrando su cometido: frenar el Cambio. Por ahora….
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