Por HORACIO DUQUE
El exsenador liberal Mario Castaño (parapolítico de La Dorada y consentido del expresidente César Gaviria) murió en la cárcel La Picota el 18 de noviembre del 2023 como consecuencia de un infarto ocasionado por descuidos con su salud, pues tenía aplazado un cateterismo con angioplastia para instalarle una prótesis en la coronaria descendente anterior.
Su condición de reo estaba relacionada con numerosos delitos de corrupción denunciados por las comunidades en el Quindío, de las que hacemos parte y por lo cual fuimos objeto de amenazas, persecución e intimidación sicarial desde 2018.
Mario Castaño era un verdadero mago de la corrupción con dineros públicos. Organizó una potente red de criminales de cuello blanco con muchos tentáculos para apropiarse de dineros públicos en entidades nacionales, departamentales y municipales, como ha denunciado con mucho detalle la prestigiosa revista Vorágine.
Con Mario Castaño fueron detenidos alcaldes (Víctor Franco de Piendamó, Cauca), gerentes de institutos descentralizados, integrantes de la UTL y contratistas. Entre ellos su testigo estrella, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta en la gobernación del Quindío, quien se acogió a principio de oportunidad y contó el modo de operar del concierto para delinquir y los participantes.
El papel del uribista Ciro Ramírez
Entre las personas comprometidas en las ilicitudes detectadas a Castaño está Ciro Ramírez, senador ultraderechista de la cuerda del expresidente Uribe Vélez y vocero del Centro Democrático en la Comisión III del Senado (Asuntos económicos y fiscales). Es oriundo de Moniquirá (Boyacá), donde heredó los caudales electorales de su padre (q.e.p.d.), reconocido parapolítico (pájaro chulavita) conservador y propietario durante años de entidades claves del Estado como el Inpec (prisiones) y la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), a la que robaron todas las veces que les dio la gana.
Ramírez fue capturado el 13 de diciembre de 2023 por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y trasladado a La Picota. Los jueces lo acusan de tres delitos: concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
La orden de captura se impartió en medio de una investigación contra el congresista desde el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto (CSJ), por irregularidades en el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta de la gobernación del Quindío, controlada hasta el 31 de diciembre del 2023 por Roberto Jairo Jaramillo, un ridículo personaje conocido por el desparpajo y la frivolidad en la gestión de los asuntos estatales, declarado enemigo del presidente Gustavo Petro y artífice de una red inmobiliaria que gerencia su hijo, aprovechando privilegios urbanos en la próspera región cafetera de Armenia y La Tebaida.
El legislador Ciro parece que pidió -y recibió- entre el 10% y el 15% de cada contrato, más o menos la pendejadita de 8 mil millones de pesos (casi dos millones de dólares). Las indagaciones revelan que las irregularidades identificadas con esta red de contratación ilegal ascienden a más de ochenta mil millones de pesos (80.000$).
Este senador sería uno de los integrantes del cartel de corrupción que otorgaba contratos irregulares desde el DPS en diferentes departamentos para saquear recursos públicos. En principio las irregularidades se centraron en un acuerdo interadministrativo (entre entidades de carácter público) suscrito en 2021 entre el DPS y la entidad Proyecta de la gobernación del Quindío, gerenciada por un tal Pablo César Herrera.
La investigación judicial, que se inició en junio de 2023, indica que Ciro Ramírez habría intervenido de manera indebida en más de doce contratos, manipulando la adjudicación de proyectos en Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Estos hechos se habrían dado durante dos años: de finales de 2020 a finales de 2022, cuando el congresista favorecía a ciertas empresas a cambio de pagos en efectivo y en tulas que eran entregadas por mensajeros de los contratistas.
La Corte Suprema subrayó que según las pruebas recopiladas, Ramírez habría aprovechado el cargo de senador para ejercer presión sobre funcionarios del DPS como Pierre García (ex director de esa entidad), instándolos a adjudicar contratos a las empresas vinculadas a sus intereses personales. Estos hallazgos sugieren una manipulación de la esfera pública en beneficio propio, lo que refuerza las acusaciones en su contra.
Ciro Ramírez parece que direccionó dos contratos interadministrativos de $24.173 millones y de $59.460 millones en los departamentos del Quindío y Tolima.
En todo este entramado, el “pez gordo” del uribismo no estaba solo. Ahí había una patota de senadores y políticos bastante conocidos, como Enrique Cabrales Baquero (cuñado de uno de los hijos de Uribe Vélez), Samy Merheg (el artífice del robo multimillonario al OCAD paz), Carlos Abraham Jiménez (socio de la baronesa Dilian Francisca Toro del Valle), Juan Felipe Lemos (un vivazo oriundo de Antioquia), Carlos Motoa (mafia de Palmira), Miguel Ángel Barreto (clan Barreto del Tolima), Julio César García (diputado del Valle) y Pierre García, director del DPS, hijo del senador parapolítico Carlos García (escondido en París) y ficha del clan Barreto del Tolima, de Iván Duque y de Susana Correa, la ex ministra de Vivienda dueña de un ingenio azucarero en Palmira, protagonista del escándalo de las viviendas a sobreprecio en Providencia.
El nefasto papel del DPS
De todo este acontecimiento delincuencial quiero resaltar la bochornosa situación y el nefasto papel del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad creada en el gobierno de Juan Manuel Santos para atender diferentes estrategias sociales contra la pobreza absoluta, pero que desde sus inicios (2012) fue capturada por mafias que se dedicaron a despojarla de sus presupuestos, como ocurrió con el primer director de esa entidad, Nemesio Raúl Roys (santista perfumado y del círculo íntimo de JMS), quien fue destituido como gobernador de la Guajira en el año 2021.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el DPS fue convertido en una pestilente alcantarilla de la corrupción del uribismo. Su directora Susana Correa (dueña del Ingenio Mayagüez, en Palmira y Candelaria), junto con funcionarias como la abogada y exfiscal Diana Sandoval montaron un descomunal tinglado de corrupción para adjudicar contratos a dedo e interadministrativos a operadores de bolsillo, como la Fundación Andes de Bucaramanga y otras de propiedad de Diego Moreno (Dibulla), Rosalba Gualdrón, Ángela Garzón (Fundación Progreso) y Alejandro Cárdenas (Cimitarra), en programas sociales como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Iraca (afros e indígenas) y otros que fueron gestionados discrecionalmente por la alta gerencia de esa entidad, llevando a la pérdida y el siniestro de grandes partidas presupuestales, facilitada por reportes tramposos con evidencias falsas que justificaron los multimillonarios desembolsos sobre los cuales ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la oficina de Transparencia de Presidencia ni la Oficina de Control Interno del DPS (Ingrid Milay León Tovar) tomaron en su momento cartas en el asunto pese a que las redes de Veedurías y Auditorias ciudadanas (Veeduría Derechos sociales para todos) hicieron decenas de peticiones (2017, 2018, 2019, 2020) para dar transparencia a este tipo de programas estatales.
El papel de las veedurías y auditorias sociales
Como Veeduría ciudadana al DPS, junto a varios líderes sociales relacionados con los programas el DPS, realizamos centenares de denuncias contra la corrupción en el DPS, que fueron ignoradas y descalificadas en su momento por sus directivos (Diana Sandoval) y objeto de procesos en la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá.
Tales denuncias las hicimos en el marco de los procesos de participación constitucional establecidos en el DPS, que hace años coordina (y distorsiona) un señor Edwin Giovanny Torres, duquista enchufado en la burocracia de planta y contumaz saboteador de la participación ciudadana, empeñado en dañar la gestión reformista del gobierno del Pacto Histórico que en principio se le encargó a la prestigiosa jurista Cielo Rusinque.
Reestructurar el DPS es una prioridad
El escándalo del Cartel de la Marionetas, la detención del senador Ciro Ramírez y las investigaciones penales contra el exdirector del DPS Pierre García y contra otros senadores comprometidos en el saqueo de los dineros de dicha entidad, muestra la necesidad de hacer una profunda reestructuración y remodelación del Departamento para la Prosperidad Social DPS, donde las redes burocráticas de la corrupción siguen muy bien acomodadas direccionando contratos para favorecer conocidos negociantes de la contratación con convenios en los programas Familias en su Tierra, Iraca, obras civiles y otros.
Ojalá el cambio que se viene en la dirección de la Fiscalía aporte al esclarecimiento de las ilegalidades contractuales, con una acción contundente de la Unidad Anticorrupción de la misma.
Una obra de reingeniería institucional en el DPS es prioritaria para garantizar que la filosofía transformadora del Plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la vida” impregne programas como el de Renta ciudadana y Acompañamiento Familiar, para que los mismos no sean un ejercicio de asistencialismo estéril y sean un aporte real a la constitución de una subjetivad popular comprometida con el cambio que lidera el presidente Gustavo Petro, cosa que a mi juicio no es claro tanto en Renta ciudadana como en el Acompañamiento Familiar, donde lo que prima es una rutina neoliberal maquillada y orientada a la simple entrega de unos subsidios, desconociendo las orientaciones puntuales del presidente Petro para realzar el protagonismo de los hogares encabezados por mujeres en condiciones de absoluta pobreza.
Un protagonismo que debe incursionar en procesos de auditoría, control social y veeduría ciudadana para dar transparencia y erradicar de manera definitiva el robo de los dineros públicos enfocados en la lucha contra la pobreza, como expresión del triunfo popular expresado en la elección del presidente Petro y como reflejo de la rebelión social de abril del 2021.
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