Por HUMBERTO TOBÓN*
En Colombia existe un grupo de economistas, que sin pudor alguno pasan del ministerio de Hacienda al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Cepal o Banco Interamericano de Desarrollo. Y viceversa. La casi totalidad de ellos prestan su servicios a los grandes grupos económicos, luego transcurren una temporada en el servicio público y regresan donde sus patrones.
Casi todos estos economistas se prestaron para que los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe negociaran con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que impuso como condición para realizarle préstamos al país, un congelamiento, que en realidad ha sido una disminución, de las transferencias del gobierno nacional a los departamentos y municipios.
En 2005 el Fondo Monetario Internacional señaló en uno de sus informes, que “el mecanismo de transferencias a los gobiernos locales y regionales implica un potencial riesgo para las finanzas del gobierno central a partir de 2009”. Esta advertencia del FMI se convirtió en un mandato para Colombia y en una orden que han venido cumpliendo de manera obediente los famosos economistas nacionales.
Se entiende entonces cuál es la razón para que este grupo de economistas esté ahora alborotando los medios de comunicación, con la teoría de que el proyecto de ley que discute el Congreso y que busca cumplir el mandato constitucional de distribución de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, es un horror, que nos va a llevar a una catástrofe fiscal.
Esos economistas son los culpables de haber recortado hasta el 24% las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, cuando la Constitución manda que hoy día fueran del 46,5%. Ellos le han quitado a los territorios cerca de 400 billones de pesos en transferencias, pero sí han sido entusiastas promotores de la descentralización de funciones y responsabilidades, que hoy tienen quebradas a las gobernaciones y alcaldías.
La furia de los economistas que manejan el Establecimiento es que los recursos podrían ser redistribuidos y ellos perderían su control. Un control que hoy se ve reflejado en la más absoluta recentralización de funciones, al punto que construir una cancha, arreglar unas calles, dotar un hospital local, mejorar un acueducto, ofrecer alimentación escolar, garantizar aumento de cupos educativos, tiene que ser autorizado desde los frios escritorios bogotanos.
Ahora, por fortuna, los congresistas están intentando corregir uno de los peores desafueros cometidos por varios gobiernos nacionales, que le arrebataron a los territorios los dineros que por Constitución les pertenece. Hay que recordar que el 85% de los congresistas representan a las regiones y, por tanto, tienen el deber moral de defender la descentralización en la distribución de los recursos, ayudar a reglamentar las funciones y competencias del Estado nacional y los gobiernos locales y departamentales, e impulsar la autonomía regional.
Lo que han hecho los economistas que han secuestrado el Estado, es sumir en la más profunda debilidad a los territorios, muchos de ellos convertidos en una muestra vergonzosa de la pobreza y la miseria que se forja desde los altos cargos nacionales.
Basta ya de un centralismo asfixiante, perverso y corrompido, impulsado por economistas a quienes sólo les interesa servirles a sus patronos en los grandes conglomerados económicos del país y a los organismos internacionales que mantienen hincados a los gobiernos que se muestran dóciles.
@humbertotobon
* Economista
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