Por LUCHO CELIS
En la mañana del jueves 6 de octubre de 1981, un falso agente de tránsito y tres civiles que dijeron ser del F-2 (aunque no lo eran) secuestraron a Zuleika, Yidid y Xouix, de 7, 6 y 5 años, hijos de José Jáder Alvarez, en el norte de Bogotá cuando se dirigían a sus colegios. Ahí se inició una de las tragedias de las muchas que se han dado con esta repudiable práctica, y que desafortunadamente sigue presente en la sociedad colombiana.
Los tres niños permanecieron algunos días en Bogotá, luego fueron trasladados a Gachalá. Los secuestradores entraron en contacto con Jáder Álvarez y le exigieron un rescate, a lo cual este se negó. Jáder era hijo de una familia del Caquetá con negocios de ganadería. Él tomó el camino de buscar la liberación de sus hijos con la participación de personas vinculadas al MAS -Muerte a Secuestradores- una organización que había surgido luego del secuestro de Marta Nieves Ochoa, en el mes de noviembre del mismo año 81, en asocio con integrantes del F-2, esta vez sí auténticos.
Entre las exigencias de los secuestradores y la negativa del padre, se dio la tragedia. Los niños fueron encontrados muertos el 18 de septiembre de 1982, y en su búsqueda por parte de agentes del F-2, en activa coordinación con integrantes del MAS, fueron detenidos, torturados y asesinadas 14 personas: la mayoría jóvenes universitarios de las universidades Nacional y Distrital, algunos campesinos, un sastre y un latonero.
Hasta el presente no hay plena certeza de quiénes fueron los responsables del secuestro de los tres niños Álvarez. En un trabajo de Frank Molano hay un análisis del contexto y circunstancias de este caso, en él se establece como responsables al Frente Revolucionario Unido del Pueblo -FRUP- una organización armada de izquierda que luego de estos hechos desapareció. Aquí pueden consultar el trabajo.
Las guerrillas al principio no secuestraban, lo veían como una práctica de bandidos, pero luego vieron cómo las guerrillas del Cono Sur, Montoneros en Argentina y Tupamaros en el Uruguay recurrían a estas prácticas, bien para conseguir dinero o para hacer denuncias. Así que las guerrillas colombianas siguieron el ejemplo y entraron también a fondo en esta modalidad criminal.
Una investigación de Cifras & Conceptos para el Centro Nacional de Memoria estableció que hubo 30.058 personas secuestradas entre 1970-2010 y de los casos en los que se determinó la autoría, 37% fueron responsabilidad de las FARC, el 30% del ELN, el 20% de redes criminales y el 4% de paramilitares.
El secuestro fue uno de los medios de las guerrillas para conseguir recursos, presionar a enemigos, controlar poblaciones y territorios. Constituyó una práctica ampliamente utilizada y la que junto a la extorsión les granjeé el repudio en los territorios donde lo ejercían y un amplio rechazo en la sociedad. De las movilizaciones ciudadanas más concurridas y diversas, están las que lideró Francisco Santos con el Movimiento No Más.
Desafortunadamente, el secuestro no es un tema superado. Aunque ya no se da en las magnitudes que tuvo en la década de los 90, cuando las cifras anuales llegaron por encima de tres mil y se llegó al año 2000 con 3.545 personas privadas de la libertad, el secuestro se sigue ejerciendo: Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde del Alto Baudó, está secuestrado por el ELN desde agosto de 2019 y Francisco Alvarado Bestene, secuestrado en Arauca, presuntamente por disidentes de las FARC desde julio del año 2020. En la última década hay un promedio de 50 secuestros al año.
Esta semana la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se pronunció sobre la responsabilidad de las FARC frente a lo que en términos legales es toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Lo hizo en referencia al antiguo Secretariado de las FARC. En un documento de más de 300 páginas hace un recorrido por el sufrimiento de las víctimas y hace referencia a la culpa que le ataña a la dirigencia de esta organización, porque practicó por décadas y de manera sistemática esta repudiable práctica.
Avanzar a una sociedad en paz y reconciliada pasa por el reconocimiento de responsabilidades y por construir un país donde estas prácticas tan degradantes de la dignidad humana no se presenten. “El secuestro es un crimen contra el amor”, le escuché a Otty Patiño, fundador del M-19 e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente del 91.
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