A tres meses de las elecciones regionales la opinión pública gravita en torno a dos narrativas políticas que dan cuenta de dos bandos perfectamente diferenciados y enfrentados. De un lado el gobierno de Gustavo Petro, y del otro, el uribismo sector de poder que intenta deslegitimar a la actual administración.
La narrativa gubernamental apunta a consolidar el imaginario colectivo que asocia al uribismo con actos de corrupción. Esa circunstancia tendría que hacer posible que los votantes castiguen a ese sector de poder, y en particular a la secta-partido Centro Democrático, que arrastra la ya desgastada imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto que colectividades como Cambio Radical, La U y los partidos Conservador y Liberal también ocupan un lugar en ese negativo imaginario.
Con su lucha contra la corrupción, el presidente Petro y su equipo apelan al espejo retrovisor para exponer las prácticas corruptas que se naturalizaron durante el nefasto gobierno de Iván Duque. Los recientes hechos de corrupción al interior de Ecopetrol son apenas la punta del iceberg de lo que ocurrió durante ese cuatrienio en el que el ethos mafioso se consolidó y se volvió paisaje. Se suma a la millonaria corruptela de la estatal petrolera la cooptación de la Dirección Nacional de Protección (DNP) por parte de redes de narcotraficantes, sumado a los manejos irregulares de los bienes incautados a las mafias que se destaparon dentro de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entregados a políticos a los que les pagaron favores electorales mediante el aprovechamiento económico de tierras, hoteles y fincas.
Entre tanto, la narrativa uribista apela al tema de la inseguridad ciudadana y a los problemas de orden público para deslegitimar al actual gobierno. Los atracos cotidianos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali que se transmiten en las redes sociales y los medios masivos anti-Petro, aportan a la generación de miedo e incertidumbre en amplias capas de la sociedad, sentimientos estos que pretenden contrarrestar insistiendo en el regreso de la seguridad democrática.
La idea de los uribistas es meter miedo para vender seguridad. Para ello cuentan con los medios masivos afectos al “viejo” régimen, promoviendo la narrativa según la cual el actual gobierno le entregó el país al terrorismo y a la delincuencia.
Se trata de dos estrategias distintas, ancladas al mismo número de visiones de país que se enfrentan: mientras que el gobierno insiste en luchar contra la corrupción y evitar el desangre de las finanzas públicas, y por esa vía construir un Estado moderno, al uribismo, sector de poder altamente comprometido con ethos mafioso que alimenta las prácticas corruptas, solo le interesa generar desazón y miedo en el electorado, afectado tempranamente por la idea de que el “país va mal”, cuando, de acuerdo con expertos economistas, el presidente Petro viene respetando la regla fiscal y actuando de acuerdo con la doctrina económica del FMI y el BM.
Veremos entonces a candidatos a gobernaciones y alcaldías enfocados en el tema de la inseguridad ciudadana. Muy seguramente, estos harán parte del uribismo, así nieguen su cercanía con el expresidente Uribe Vélez. Como también veremos a otros aspirantes interesados en dar cuenta de los logros del actual gobierno, empañados por la propaganda «negra» (sucia)y gris de los medios masivos.
@germanayalaosor
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