Por HUMBERTO TOBÓN
Detrás del Sistema de Pensiones hay una maraña jurídica incomprensible, unos cálculos actuariales con fórmulas financieras complejas y un discurso de venta mentiroso, lo que desemboca al final, con la ayuda de leyes desventajosas para los ciudadanos, a potenciar y proteger a los poderosos conglomerados financieros y a sumir en la desventura a quienes pusieron su confianza en un modelo de negocios basado en la desinformación, pero cobijado por la legalidad.
A la gente que se pensionó o está próxima a hacerlo, la engañaron desde el principio los fondos privados de pensiones con el argumento de la quiebra financiera y el cierre inminente del Seguro Social, que podría generar la pérdida de los ahorros de los trabajadores; además de la promesa de tener en este nuevo modelo unos ingresos futuros más cuantiosos al momento del retiro, de los que percibiría si se mantenía en el improbable y riesgoso sistema de prima media (sistema público).
Los empresarios abrieron sus puertas para que los vendedores de las firmas privadas de pensiones recogieran la firma de sus trabajadores para autorizar el traslado. Voceros del gobierno hablaban maravillas del nuevo sistema pensional y ponían como ejemplo el “milagro chileno” (hoy quebrado y desprestigiado). La gente confió en sus empleadores y en el gobierno y no preguntó ni ahondó en la novedosa propuesta de tener ingresos más altos cuando llegara la edad de pensionarse laboralmente, con base en un ahorro individual y no en el “decrépito sistema de solidaridad” impulsado por el Estado.
La sorpresa llegó años después, cuando empezaron a obtener la jubilación los primeros afiliados del sistema privado. Se les reconocieron cifras bajísimas en comparación con lo que tenían previsto de acuerdo con sus cotizaciones mensuales. Las mesadas no se compadecían, ni se compadecen, con la base de ingresos que reportaban. Una situación aberrante denunciada permanentemente, pero está protegida por un manto de legalidad. Simplemente la gente no preguntó y las compañías nunca informaron.
Cuando la situación llegó a niveles insostenibles, las leyes empezaron a obligar a los fondos de pensiones a informar adecuadamente a sus clientes y a que estos tuvieron una doble asesoría antes de tomar una decisión de afiliación. Pero simultáneamente, se adoptaron mandamientos legales increíblemente injustos para quienes habían sido engañados muchos años atrás, al evitar que un prepensionado pueda trasladarse de un sistema a otro si le faltan menos de diez años para alcanzar la edad de retiro y obligarlo a que deba gastar ingentes sumas de dinero en pleitos jurídicos, intentando demostrar que nunca tuvo una información suficiente y de calidad para decidir sobre un aspecto crucial para su futuro de vida.
En una economía capitalista la gente debe tener la libertad de escoger, hasta último momento, su sistema pensional, de acuerdo con las condiciones del mercado, y el Estado debe ser garante de este derecho, protegiendo los ahorros y expectativas de millones de personas.
*Este comentario no comprometer a la RAP el Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.
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