Por GERMÁN AYALA OSORIO
Mientras se aclaran los hechos a los que alude el recién defenestrado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, conviene comparar lo que hasta el momento es un escándalo con el ya cerrado Proceso 8.000 del gobierno de Ernesto Samper. Ya el nieto de Turbay Ayala, el mismo del Estatuto de Seguridad, salió a decir que la legitimidad del gobierno está en duda, así no haya un proceso judicial abierto, de las dimensiones del 8.000. Sin duda, estamos ante una acción política coordinada entre sectores de la derecha más inmoral, y sus empresas mediáticas, con el firme propósito de deslegitimar al gobierno Petro y por esa vía, paralizar todas las iniciativas gubernamentales que cursan en el Congreso.
Este ejercicio no pretende poner en el mismo nivel de inmoralidad lo dicho por Benedetti y que salpica la campaña electoral que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Por el contrario, busca exponer un elemento clave que comparten los dos escándalos político-mediáticos: la búsqueda por hacer ajustes al régimen de poder y por esa vía, mejorar la vida de millones de colombianos vulnerables y excluidos.
Eso sí, manipulados o no los audios del nefasto exembajador, las autoridades deben investigar si entraron dineros calientes a la campaña Petro presidente. Sobre este último asunto, el presidente Petro negó categóricamente que se hubiese presentado esa situación.
Para hallar ese común denominador hay que aludir a las pretensiones económicas y sociales consignadas en el plan de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), bautizado con el atractivo nombre de Salto Social. Samper Pizano quiso paliar los efectos negativos que ya dejaban las medidas económicas de corte neoliberal que adoptó su antecesor, el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). “Cabe señalar que, aunque el nuevo gobierno fue crítico de la velocidad con la que la administración Gaviria había realizado la apertura comercial, la consideraba al mismo tiempo un componente necesario de la reestructuración de la economía colombiana en la era de la globalización… Se lograron avances en los programas destinados a mejorar la calidad de la educación y de los servicios de salud. La cobertura de los servicios de agua y alcantarillado también tuvo una expansión rápida. En todos los casos, la expansión de la cobertura ha beneficiado fundamentalmente a la población más pobre” .(Ocampo, J.A, 1998).
El régimen comprendió las intenciones del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y usó al derrotado Andrés Pastrana para generar la crisis de gobernabilidad representada en lo que se conoció como el Proceso 8.000. De esa manera, se limitó la capacidad de maniobra del presidente elegido con los dineros del Cartel de Cali. Por ser considerado un liberal de izquierda, Samper Pizano soportó la andanada de la derecha precapitalista inquieta por las acciones que pretendió acometer el presidente Samper para beneficiar a los más vulnerables.
Después de más de 20 años de neoliberalismo, la pobreza aumentó considerablemente, lo mismo que la exclusión y la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos. Eso convirtió a este régimen en uno de los más oprobiosos de Amérca Latina y del mundo. Los gobiernos de Pastrana (1998-2002), los dos de Uribe Vélez (2002-2010), los de Santos (2010-2018) y el periodo del obediente Iván Duque Márquez (2018-2022) sirvieron para empobrecer a más y más colombianos, así como para aplicar a raja tabla un modelo de desarrollo agro extractivo insostenible ecológica y socio ambientalmente. Todos estos gobiernos neoliberales aseguraron un régimen oprobioso, corrupto y violento, así como la captura mafiosa del Estado y su consecuente privatización y operación en beneficio de unos pocos. Mientras eso sucedía, el país político ya veía la irrupción de un líder de izquierda capaz de derrotar a las mafias políticas que se adueñaron del Estado: Gustavo Petro Urrego.
Los efectos sociales y económicos dejados por la pandemia del Covid-19 fueron la chispa que dio vida al estallido social. Detrás había un profundo descontento social por las erradas medidas económicas adoptadas por todos los señalados neoliberales, pero en particular por el fatuo de Iván Duque Márquez con su famosa reforma tributaria. Y fruto de ese escenario, emergió la candidatura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda. Las propuestas de reforma tributaria, pensional y al sistema de salud tienen incómodo y molesto a específicos agentes políticos y económicos del “viejo” régimen de poder, poco dispuestos a ceder en algo sus privilegios y el control de las finanzas del Estado. A lo que se suma, por supuesto, la insistencia de Petro en hacer una reforma agraria para cumplir con lo acordado en La Habana con las Farc-Ep y de convocar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue las denuncias hechas por el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso, que comprometen a exagentes estatales y empresarios que patrocinaron a los grupos paramilitares y fueron partícipes de graves violaciones a los DDHH y al DIH.
Por todo lo anterior, esa derecha inmoral está, desde el 7 de agosto, buscando la caída de Petro, para frenar así los cambios prometidos en la campaña presidencial. Esos sectores de poder económico, político y social se la están jugando toda para frenar los cambios institucionales que se vienen adelantando desde hace nueve meses.
Así las cosas, hasta que no haya sentencias condenatorias, el escándalo político-mediático Benedetti-Sarabia no tendrá la misma dimensión moral y ética del Proceso 8.000. Eso sí, persiste, desde los tiempos de Samper, la resistencia de unos cuantos a que el Estado opere efectivamente como un Estado social de derecho y como un Estado moderno.
Impedir la consolidación del proyecto político del primer presidente de izquierda es lo que pretende la rancia la élite política y empresarial del país. Sus miembros buscan encerrar, debilitar y deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro, para que ceda a sus pretensiones: retirar las propuestas legislativas y presentar una terna para remplazar a Barbosa que le brinde garantías de total impunidad a ciertas familias prestantes que están comprometidas con casos de corrupción como Odebrecht y Reficar, entre otros, y la violación de los DDHH y el DIH, de acuerdo con las denuncias de Mancuso.
Lo que sí debe saber el presidente Petro es que la oligarquía no le va a permitir salidas olímpicas como la de Samper cuando afirmó que cualquier entrada de dineros del Cartel de Cali se habría producido a sus espaldas. Y mucho menos le aceptará que diga “aquí estoy y aquí me quedo”. De confirmarse la entrada de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente, esa derecha premoderna e inmoral buscará defenestrar al presidente Petro.
@germanayalaosor
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