La corrupción público-privada en Colombia deviene atada al ejercicio del poder político, lo que la hace prácticamente imposible de acabar o de reducirla “a sus justas proporciones”, como propuso Julio César Turbay Ayala, siniestro presidente de la República entre 1978 y 1982.
Durante su campaña presidencial Gustavo Petro prometió convocar a una Comisión Internacional contra la Corrupción, con el acompañamiento de la ONU, para develar las redes con las que se logró la captura mafiosa del Estado desde sectores corporativos y actores privados. En su cuenta de X, en mayo de 2022, dijo: “Como presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar la impunidad, como la que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”.
Pues bien, dicha promesa de campaña y anhelo de sectores sociales cansados de la sempiterna corrupción, fruto de la captura mafiosa del Estado, volvió a estar en las páginas de los medios masivos, por cuenta del director de la Justicia Penal Militar. En la prensa se lee que “el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, sugirió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, poner en funcionamiento una comisión internacional contra la impunidad en el país”.
Llama la atención que la propuesta salga de las huestes de la Justicia Penal Militar, en cabeza de su máximo vocero. Hubiera sido preferible que agentes económicos y políticos de la sociedad civil, como Fenalco, Acopi, Andi o el Comité Intergremial propusieran al gobierno y a las otras ramas del poder público convocar a dicha Comisión Internacional. Pero no. El silencio de estos actores de la sociedad civil hace pensar que poco o nada les interesa la conformación de un equipo de trabajo de esa magnitud para develar las maneras en las que el Estado fue capturado por mafias corporativas y clanes políticos (cuatro o cinco familias) que lo han sometido a sus mezquinos intereses.
A la propuesta de Reyes Rodríguez se opusieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gerson Chaverra, y el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera. El magistrado de la CSJ “amenazó” con retirarse del Comité que por estos días opera para discutir reformas a la justicia, tendientes a bajar el índice de impunidad en los casos de corrupción, que rodea el 94% y mejorar las condiciones laborales y operativas de los jueces, entre otros asuntos que hacen que el aparato de justicia en Colombia no funcione de la mejor manera.
Nadie en sus cabales puede celebrar que en Colombia se haya naturalizado un ethos mafioso en la operación de la justicia, en el trabajo legislativo y en las decisiones políticas de todos los gobiernos, incluido el presente, asociadas al clientelismo, al pago de favores político-electorales a agentes privados, a políticos profesionales y a los partidos políticos. Igualmente, no se puede negar que ese ethos mafioso circula en las calles de la mano de guardias de tránsito, policías y demás ciudadanos.
Las dilaciones de la actual CSJ para elegir la nueva fiscal general de la Nación generan suspicacias, justamente porque la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio Público operan como matrices clientelistas con las que se pagan favores político-electorales, mediante cuotas burocráticas y contratos millonarios a familiares de los togados que hoy tienen en sus manos poner fin a la sinuosa interinidad de Martha Mancera, fiscal general encargada. La entrega a dedo de puestos constituye una práctica corrupta que debe exponerse públicamente.
Colombia necesita exponerle al mundo que necesita ayuda para superar lo que ha estado mal por más de 100 años. De la misma manera como el país se dio la pela ante la comunidad internacional con la firma del tratado de paz de La Habana y la entrada en operación de la JEP, lo debe hacer convocando la señalada Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Con la JEP, el mundo supo del carácter criminal del Estado y de los demás actores armados que participaron de las hostilidades, en el marco del conflicto armado interno: guerrillas y paramilitares. De igual manera, trascendió que grandes empresarios patrocinaron las estructuras de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), lo que les permitió actuar como víctimas y victimarios en precisos momentos históricos del devenir del conflicto armado interno.
Así como el mundo ya sabe que el Estado y específicos agentes económicos de la sociedad civil actuaron como criminales, de la misma manera debemos exponer ante el resto del mundo que nos guía un ethos mafioso que da vida a las prácticas corruptas en los ámbitos estatal y privado.
@germanayalaosor
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