Por GERMÁN AYALA OSORIO
Después de conocido el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con el hallazgo de 6.402 homicidios cometidos por agentes estatales contra civiles inermes, hay que señalar que los mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales correspondieron a una doble política institucional: de un lado, permitió que militares se dedicaran a secuestrar civiles para luego asesinarlos, vestirlos con prendas militares y pasarlos como guerrilleros abatidos en combate, en ocasiones con las botas al revés y los uniformes en buen estado.
Del otro lado, la que hizo posible que varias instituciones estatales guardaran prudente silencio, y sus principales cabezas vieran sin estupor cómo se asesinaba a jóvenes inocentes. Hablo de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, esta última porque reportó apenas dos mil y pico de dichos crímenes de Estado. Habría que indagar si el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio (2001-2005), investigado por presuntos nexos con los paramilitares, aportó a la consolidación del silencio como política oficial.
Es preciso dedicar unas líneas a ese silencio tácito que guardaron los entes de control durante el tiempo que funcionó esa empresa criminal dentro del Ejército. El mutismo generalizado es característico de hordas de criminales y malhechores que, siguiendo a pie juntillas la orden de sus jefes máximos, suelen convertir en política omitir hablar de las andanzas y de las acciones criminales perpetradas. En las cárceles ese sigilo se conoce como la <<ley del silencio>>.
Así entonces, los uniformados y los civiles que conocieron de la comisión de estos delitos de lesa humanidad y optaron por guardar silencio, son también culpables. Así ese actuar estuviera precedido de sentimientos de miedo hacia quienes desde altas dignidades del Estado promovieron el asesinato de civiles, o por simpatías con el proyecto político que encarnaba Uribe Vélez en ese momento, ese silencio es propio de quienes no solo subvaloraron la vida de los jóvenes asesinados, sino que actuaron en contubernio con los militares-sicarios que ejecutaron, según la JEP, a 6402 civiles.
Comparto la preocupación y la pregunta que se hace el columnista Jorge Iván Cuervo: “También queda la pregunta de por qué fue una práctica tan extendida en el tiempo sin que se tomaran correctivos —16 años como mínimo, aunque hay evidencia de que se inició en los 90—. ¿Cómo es posible que ningún gobierno civil ni las cúpulas militares o las inspecciones hubieran tomado cartas en el asunto para impedir esa atrocidad? ¿Entonces se trató de una política institucional?”
Por la sistematicidad de las acciones criminales perpetradas por miembros activos del Ejército, la existencia de la directiva 029 de 2005 y el decreto Boina; y por las presiones ejercidas directamente por el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, se puede colegir que se trató de una política institucional, agravada por el silencio, asumido también como política oficial.
Deberá la JEP demostrar que efectivamente esa política institucional existió y que tuvo como correlato el silencio y las conductas omisivas de quienes conocieron del andar criminal de los cientos de militares involucrados en la comisión de esos execrables crímenes. No será tarea fácil, pero ya el alto tribunal transicional dio el primer paso.
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