Por GERMÁN AYALA OSORIO
La imputación de cargos que la Fiscalía hará al excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se da en medio de las presiones que recaen sobre el fiscal general, Francisco Barbosa, provenientes del propio presidente de la República, para la entrega de un informe sobre los crímenes cometidos por el Clan del Golfo. Aunque la entregase produjo, versiones periodísticas indican que está incompleto. Al asunto del informe se suma la apertura de una oficina de la CPI en Bogotá, para acompañar a la JEP en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, en los que la Fiscalía poco o nada avanzó, a pesar de los testimonios de varios paramilitares sobre crímenes atroces. Por todo lo anterior Barbosa parece muy activo, tratando de mostrar eficiencia en la agonía de su oscuro mandato. El fiscal general sabe que las autoridades americanas están detrás del caso de Odebrecht. Según fuentes periodísticas, esas mismas autoridades estarían interesadas en conocer posibles conductas omisivas de Barbosa.
Zuluaga es el típico caso en el que el régimen que sufrió derrota electoral y política con Petro, debe sacrificar a una de sus fichas para salvar a gente más prestante y poderosa en la escala de valores que suelen manejar cuando se presentan dificultades asociadas a escándalos políticos.
Sacrificar a Zuluaga es entonces un imperativo moral y político, a pesar de estar todos metidos en el lodazal de la corrupción en el que se convirtió la ejecución de la Ruta del Sol II y la financiación de varias campañas políticas. De acuerdo con El Espectador, “los hechos por los cuales será llamado a imputación el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y su hijo, David Zuluaga Martínez, por el delito de fraude procesal; tienen relación con la financiación de su campaña a la presidencia en 2014. De acuerdo con la Fiscalía, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el ex directivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña. Por esta razón, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1.610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá”.
Por supuesto que la aparición de unas grabaciones en manos de Daniel García Arizabaleta, imputado por la Fiscalía por los hechos de corrupción del caso Odebrecht, da cuenta de una acción propia de fuego amigo al interior del uribismo. Ya el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez le dijo a Semana que lamenta la suerte de su amigo y entonces candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. “Me duele mucho lo que está ocurriendo, ojalá el doctor Óscar Iván Zuluaga pueda superar esta dificultad”. Estamos ante una frase vacía que se corresponde, ética y políticamente con la negativa de la Fiscalía de solicitar medida de aseguramiento en contra del excandidato presidencial.
Esas lamentaciones hacen parte de la hipocresía del poder. Ya en el pasado el expresidente antioqueño había defenestrado a García Arizabaleta en el momento en el que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por los mismos hechos de corrupción. Que los jueces encuentren culpable o no a Zuluaga, podría resultar irrelevante frente a los resultados que están necesitando mostrar.
Lo anterior confirma que en política “no hay amigos, sino intereses”. O como dijo Rafael Barret, “en política no hay amigos, sino cómplices”. Así las cosas, el ejercicio del poder es la actividad que mejor devela la perversidad de la condición humana. Para el caso colombiano la política deviene sucia, criminal, mafiosa y compleja. En su devenir arrastra a la justicia, a la ética y a la moral, a los más oscuros escenarios en los que la naturaleza humana se muestra tal cual es.
El trasfondo de todo está anclado al sistema económico capitalista, o sea a la consecución de dinero y su concentración en pocas manos. Dicho sistema es un pilar fundamental de los imperativos (in)morales con los que la sociedad pretendidamente cree que es posible acercarse a la consecución de virtudes éticas. Ese mismo sistema y los señalados objetivos naturalizan su inmoralidad, pero al tiempo generan la posibilidad o quizás la utopía de que algún día se pueda hacer una política distinta, de la mano de seres humanos capaces de manejar las pulsiones del poder.
Para que sobrevivan los regímenes corruptos que el sistema de poder económico genera, se requiere de la economía del crimen. Ni las condenas y mucho menos la cárcel misma o la exposición mediática asustan a los bandidos de cuello blanco. Y es así porque en Colombia no sabemos qué es eso de la “sanción moral”. Justamente, la vigencia política de los corruptos se garantiza por la confusión moral de la sociedad en la que operan aquellos refinados malhechores, lo que asegura no solo la mala memoria colectiva e individual sino la incapacidad para juzgar ética y moralmente a quienes violan las leyes. Ser corrupto en Colombia paga y seguirá pagando, porque todo el sistema político está contaminado. Al final las medidas adoptadas por la Fiscalía hacen parte de una pantomima, pues es claro que resulta imposible investigar, procesar y castigar a todos los bandidos de cuello blanco. Lograrlo solo provocaría el derrumbe del régimen de poder.
Con todos los casos que a diario se destapan en el país, no podemos hablar de una sociedad inviable. No. Justamente porque su viabilidad está soportada en la reproducción del ethos mafioso que hizo posible que Odebrecht operara en Colombia desde principios de los años 90. Quizás cuando ese ethos mafioso se proscriba, entonces el sistema económico se hará inviable y consecuencialmente, la sociedad colombiana y el “viejo” régimen de poder que se resiste a cambiar.
@germanayalaosor
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