Por JAIME CALDERÓN*
Los residentes del Área Metropolitana de Bucaramanga nos vimos sorprendidos por el alza inesperada de alrededor del 50% en la facturación de gas domiciliario por parte de las comercializadoras Vanti y Metrogas, empresas que aducen un mayor costo de trasporte, debido a un cambio en la empresa que les suministra el combustible.
Dichas empresas dicen que finiquitó el convenio con la planta suministradora Gibaltrar ubicada en el municipio Toledo en Norte de Santander y ahora deben trasportarlo desde el centro del país con sobrecostos y por tanto el precio facturado por metro cúbico pasó de mil setecientos pesos a dos mil seiscientos, lo cual tuvo un efecto inflacionario gigante en el área comoquiera que en mayo se registró según el Dane una inflación del 0.76% mientras el promedio nacional fue de 0.43%.
No cabe duda de que el efecto negativo sobre los más pobres es enorme, pues cuando los precios de los servicios públicos aumentan hay que destinar mayor porcentaje del presupuesto familiar a estos gastos con detrimento de otros básicos como la comida, la educación, el vestido, el trasporte y la vivienda, lo que se traduce en un empujón hacia la miseria.
Inflación y pobreza son dos de los efectos de la reciente alza en el gas domiciliario. Sin embargo, no conozco autorización ni pronunciamiento alguno de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) ni tampoco las razones para el cambio de empresa suministradora por una más distante.
Los ciudadanos debemos exigir explicaciones y soluciones a la entidad regulatoria, y sanciones si fuera el caso ante el abuso, como desde el proyecto progresista se ha solicitado, ante un alza aplicada unilateralmente por Vanti y Metrogas, prevalidas de su posición dominante ante los usuarios en condición de indefensión y subordinación.
Las leyes de competencia suelen regular la posición dominante de mercado para evitar abusos, pero en nuestro flamante Estado Social de Derecho parecen letra muerta.
Esta alza exagerada merece el repudio ciudadano y la intervención de la CREG quien debe pronunciarse sobre su autorización o no, sobre las razones que justificaron el cambio de proveedor y sobre el impacto sobre la inflación contradiciendo las medidas que el gobierno viene aplicando para su decrecimiento.
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