Por GERMÁN AYALA OSORIO
El estallido social en Colombia dejó ver con inocultable claridad un odio entre clases, fruto de la combinación entre clasismo y racismo, dimensiones en las que están ancladas las negativas maneras como hemos construido las relaciones sociales, económicas y políticas.
De ese convulsionado contexto brotó la animadversión hacia los jóvenes, especialmente hacia los más pobres, expresada por policías también pobres que los asesinaron, torturaron y desaparecieron, en cumplimiento de órdenes emanadas por el entonces presidente Iván Duque y los comandantes de la policía y Ejército, Jorge Vargas y Eduardo Zapateiro.
La animadversión hacia los jóvenes (pobres, por supuesto), fue agenciada por sectores de la derecha, acostumbrados a excluirlos, a reclutarlos para la guerra, adoctrinarlos o controlarlos con migajas, cuando no con medidas policivas de control territorial de las zonas periféricas de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
Bajo esas circunstancias triunfó Gustavo Petro, un político rebelde que ya en la presidencia no solo legitima la protesta social, sino que se atreve a señalar al Estado como asesino por los 6.402 jóvenes (pobres) asesinados por miembros del Ejército, presionados por los altos mandos que seguían las exigencias de “entregar más y mejores resultados operacionales”. Petro además reivindica y reconoce el papel fundamental que los jóvenes jugaron en la contienda electoral que lo llevó a la Presidencia. Al no olvidar su origen y sus luchas desde temprana edad, busca consolidarse como un modelo a seguir o emular por parte de los jóvenes.
Con la apuesta presidencial de convertir a una parte de los jóvenes de la Primera en Gestores de Paz, Petro le enrostra a la derecha su clasismo y racismo. Eso sí, corre un enorme riesgo: que las gestiones de paz que vayan a adelantar esos nuevos agentes se conviertan en una efectiva manera de dilatar en el tiempo los procesos penales en los que están inmersos los jóvenes. Por ello es importante que las universidades acojan a estos Gestores de Paz con el firme propósito de formarlos académicamente. Hacerlo de esa manera podría aportar a la construcción de unas relaciones sociales ya no fundadas en el clasismo, el racismo y el odio derivado de esa perversa combinación de discursos y dominios de clase. Urge entonces acoger a esos muchachos para integrarlos a la sociedad y formarlos para que desde sus barrios ayuden a desactivar el odio que enceguece a quienes por largo tiempo han sido excluidos y estigmatizados.
Insisto en que la libertad provisional de los Gestores de Paz debe ir acompañada de un programa de formación que incluso sirva como forma de reparación por los daños ocasionados al mobiliario urbano durante los enfrentamientos con la policía.
Quienes criminalizan la protesta social -todos de casta uribista- instrumentalizan al Estado para canalizar su odio hacia los jóvenes, en particular a los pobres y a los estudiantes de universidades públicas y privadas que se han atrevido a salir a exigir el cumplimiento de sus derechos.
@germanayalaosor
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