El Grupo de Puebla condena de forma enérgica la violación por parte del gobierno de Ecuador de la Convención Americana sobre el Derecho de Asilo y la Convención de Viena sobre protección de sedes diplomáticas, a raíz de los hechos cometidos el viernes 5 de abril, cuando la fuerza pública ecuatoriana irrumpió en la sede de la Embajada de México en Quito y se llevó por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas.
En comunicado a los medios, sus integrantes en forma unánime afirmaron que “el derecho de asilo es una figura de origen latinoamericano que permite a cualquier país conceder refugio seguro en una de sus sedes diplomáticas a una persona nacional de ese país si considera que está siendo víctima, como el caso del vicepresidente Glas, de una persecución política. El asilo es un derecho del ciudadano perseguido y su concesión es potestad soberana del país al cual se le solicita”.
“En consecuencia con lo anterior, el Grupo:
Expresa su total solidaridad con el gobierno de México. Reconoce y apoya su actitud soberana y humanitaria en este caso.
Responsabiliza al gobierno de Ecuador de la integridad física del exvicepresidente Jorge Glas, solicita la inmediata concesión de su salvoconducto solicitado por el gobierno mexicano y lo insta a facilitar su traslado seguro a territorio de México.
Celebra la convocatoria de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro a la inmediata reunión de la CELAC para acordar una posición conjunta de la región respecto a esta violación flagrante de la soberanía a uno de sus países.
Y demanda de las autoridades políticas y judiciales de Naciones Unidas un pronunciamiento claro en el mismo sentido.
El Grupo registra con preocupación que esta clara violación del derecho de asilo por parte del gobierno del presidente Noboa se suma a recientes comportamientos autoritarios por parte de otros mandatarios de la región en lo que parece ser un escalada neofascista caracterizada por el desconocimiento de los derechos humanos, el populismo nacionalista y la represión oficial como respuesta política a la protesta social legítima”.
Alberto Fernández, ex presidente de Argentina.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de Gobierno de España.
Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.
Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial, coordinador del Grupo de Puebla, Chile.
Pilar Cancela, secretaria de estado de migraciones del Gobierno de España.
Iván Cepeda, Senador de Colombia.
Irene Montero, ex ministra de igualdad de España.
Jorge Rodríguez, presidente Asamblea Nacional de Venezuela.
Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.
Carlos Sotelo, exsenador, México.
Daniel Martínez, excandidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.
Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile.
Mónica Xavier, exsenadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
Carlos Tomada, Exembajador, Argentina.
Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina.
Ricardo Patiño, ex Canciller de Ecuador.
Andrés Arauz, exministro y excandidato presidencial, Ecuador.
Guillaume Long, excanciller, Ecuador.
Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Bolivia.
Carlos Ominami, ex ministro de economía de Chile.
Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay.
Carol Proner, jurista, Brasil.
Ana Isabel Prera, ex ministra de Cultura, exembajadora, Guatemala.
Rafael Michelini, ex Senador de Uruguay.
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