Por JULIÁN ESCOBAR ÁVILA*
La política de contratación directa en Colombia hace referencia a la normatividad que permiten a entidades públicas adquirir bienes y servicios sin necesidad de licitación o convocatoria pública. Es una opción ágil para situaciones gubernamentales que buscan la materialización de proyectos con carácter urgente, pero surgen dudas sobre la correcta ejecución de los dineros públicos, debido a problemas asociados a la corrupción a la hora de contratar o al clientelismo a la hora de elegir las entidades contratadas por los gobiernos de turno.
Por ejemplo, la contratación de empresas y organizaciones internacionales para ejecutar y garantizar los recursos de la paz. ¿Quiénes y cómo están manejando los recursos públicos para la implementación del acuerdo de paz en Colombia?
En Europa encontré a Juan Manuel Melgarejo, periodista colombiano exiliado por denunciar irregularidades en el manejo de recursos estatales por parte de organismos de cooperación internacional. Él nos contó de casos de corrupción que involucran a diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), las cuales tienen contratos con el Estado para la implementación del acuerdo de paz y el posconflicto en Colombia.
Precisamente la OEI está bajo la lupa de la justicia internacional y de algunos investigadores y periodistas, como Melgarejo, quien habla aquí sobre la articulación de contratos, dineros, clientelismo y posible corrupción que afecta integralmente proyectos nacionales como el acuerdo de paz.
Julián Escobar: Para empezar, ¿cómo funciona la ley de contratación directa en Colombia?
Juan Melgarejo: La ley de contratación directa con organismos internacionales hace parte de unos mecanismos que tiene el Estado para subsanar necesidades urgentes que se tienen y a las cuales solo esta figura puede proveer el bien o servicio requerido… Eso, en el plano de lo legal y que estipula la norma, pero en la realidad ocurre algo diferente. Este tipo de contratación les otorga ciertos privilegios e inmunidades a estas organizaciones, lo cual dificulta la auditoría de los recursos estatales y los convierte en un aliados ideal funcionarios y políticos inescrupulosos que buscan malversar recursos públicos, que en muchos casos terminan en campañas electorales.
JE: ¿La OEI y qué otros organismos están involucrados?
JM: He identificado irregularidades que ocurren con la OEI y diferentes agencias de la ONU, pues acuden a estos privilegios sin cumplir con los requisitos que establece la ley, como lo es una contrapartida superior al 50 por ciento. De igual forma, terminan delegando sus obligaciones en contratistas locales, desvirtuando la justificación de la contratación directa en la que ellos son los únicos con la capacidad de ejecutar determinada labor.
JE: ¿Y en Colombia hay casos de contratación directa con organismos de cooperación internacional? Cuéntanos, ¿cuál es el caso más reciente de corrupción de contratación directa? Y, por favor, contextualice.
JM: Las más notorias irregularidades se han presentado en la OEI, pues ha ejecutado contratos millonarios con recursos públicos, sin que cumplan con su objeto o razón social en pro de la educación, la ciencia y la tecnología. Inclusive, terminó contratando recursos para la ejecución de estrategias de sustitución de cultivos o el convenio con la Justicia Especial para la Paz (JEP) para dar continuidad a la defensa de los ex integrantes de las Farc ante este organismo, para lo cual, en estos dos casos, no tenía ninguna experiencia.
Fue por ello que el presidente Gustavo Petro solicitó una auditoría a los contratos de la OEI. Uno de estos contratos es el 262, por un valor superior a los 89 mil millones de pesos, con fecha de finalización en noviembre de 2021, pero que por aparentes irregularidades no se ha podido liquidar. Según la comunidad beneficiaria del proyecto, la compra de los insumos entregados por la OEI presenta baja calidad y sobrecostos. Por otro lado, son múltiples los casos de corrupción asociados a la OEI, entre estos está el de Whitman Porras, exgobernador del Casanare, quien terminó en la cárcel por celebrar un contrato sin requisitos legales con este organismo. O la compra de un inmueble para el Invima con sobrecosto de más de 4 mil millones de pesos.
JE: ¿Cómo llega la OEI a manejar recursos del proceso de paz?
JM: La OEI llega en un momento de tensión entre el gobierno de Iván Duque y las Naciones Unidos, a raíz de un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en 2020, que el gobierno anterior calificó como intromisión. Producto de estas tensiones, ese gobierno amenazó a la ONU con renegociar y finalizar los contratos que se tienen, inclusive en materia de monitoreo de cultivos ilícitos, porque no estaba conforme con las cifras entregadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en las cuales se mostraba el éxito de la erradicación voluntaria. Por estas tensiones es que se deja de contratar a la UNODC como la organización encargada de implementar las estrategias de sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz y se le adjudica el contrato 262 a la OEI. Yo su momento advertí la falta de experiencia de esta organización.
JE: ¿Algo más sobre la OEI?
JM: Bueno, la OEI guardaba la esperanza de quedarse con los contratos millonarios de monitoreo de cultivos ilícitos, por lo que creó un observatorio de papel llamado «Observatorio Iberoamericano de Drogas». Esto finalmente no ocurre, gracias al «oportuno» cambio de postura de Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia.
JE: Pero, ¿por qué el Estado siguió contratando con la OEI a pesar de haber tenido alertas sobre irregularidades, tanto en la contratación como en la ejecución de los recursos de la paz?
JM: Sí, pese las aparentes irregularidades de la OEI en el manejo de recursos públicos, el Gobierno actual ha seguido contratando con este organismo. Como ya dije, la OEI y otros organismos internacionales son la herramienta ideal para engrasar las maquinarias electorales. Por eso, paradójicamente, mientras el presidente anuncia públicamente una auditoria a los contratos de la OEI, senadoras de la bancada del gobierno le otorgan un reconocimiento a Mariela Barragán, directora de la OEI. Un pésimo mensaje para las personas que pretendemos denunciar posibles actos de corrupción, no solo dentro de la OEI sino dentro de la ONU.Hace unos meses conversé con Gloria Cuartas, directora de la Implementación del acuerdo de paz, quien quedó en establecer un segundo encuentro para definir los mecanismos acordados para denunciar los malos manejos de dineros públicos en contratos con organismos de cooperación internacional. Son varios los funcionarios y exfuncionarios tanto de este gobierno como de organismos de cooperación internacional que quieren denunciar, pero no están dadas las garantías. Imagínese no más, Carlos Zuluaga, quien fue director de la OEI, ahora es el contralor… Y ni qué decir de otros personajes que por obra de la «gobernanza» están ahora ocupando carteras dentro del Gobierno y que tuvieron que ver con estos actos en gobiernos anteriores.
@JuanMelgarejo21
* Académico especializado en estudios socio espaciales y territoriales, periodista en formación. Escribe en varios medios alternativos de Colombia y en el reino de Bélgica.
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