Por JORGE SENIOR
Iván Duque Márquez, el presidente que -¡por fin!- se despide el próximo domingo, anda desaforado raspando la olla del presupuesto, endeudando al país, malgastando vigencias futuras, comprometiendo a la nación en Tratados de Libre Comercio apresurados y de dudoso beneficio, amarrando contratos billonarios de largo plazo y actuando desde ya como la oposición al próximo gobierno.
La última ‘jugadita’ de Duque es adjudicar el 6 de agosto, pocas horas antes de su partida, un contrato de 3,25 billones de pesos para intervenir el Canal del Dique en el Caribe colombiano, una ruta de agua de 115 kilómetros de largo que une al río Magdalena con la bahía de Cartagena atravesando 19 municipios en tres departamentos. Los colombianos de otras regiones quizás recordarán la tragedia del 30 de noviembre de 2010, cuando hubo una rotura en un tramo del canal e inundó el sur del Atlántico y algunos municipios de Bolívar. Son famosas las palabras del gobernador de ese entonces, Eduardo Verano De la Rosa, quien había dicho que “el canal del dique está blindado”.
Actualmente la región está en inminente peligro de una nueva inundación desastrosa, pero eso no parece preocuparle al Presidente Duque, cuyo interés es otro: dejar amarrado un negocio billonario con extranjeros. Interés que comparte la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez, cuyo esposo podría salir beneficiado de la obra.
El Canal del Dique es una obra faraónica realizada por los españoles con mano de obra esclava durante la época de la Colonia, que ahora volvería a quedar en manos de los españoles durante 15 años a través de una empresa fuertemente cuestionada, única licitante, la cual se encargaría desde los estudios hasta el mantenimiento final, pasando por la ejecución de la obra.
El gobierno entrante, con el presidente electo Gustavo Petro a la cabeza, no se ha quedado callado ante esta última marranada de uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia. Lo que pasa es que son tantas las jugaditas de último minuto que este caso billonario se pierde entre muchos otros entuertos.
Ha sido la designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la que ha llevado la vocería del nuevo gobierno. Ella ha manifestado enfáticamente la necesidad de poner un alto por parte del gobierno Duque a la licitación de la alianza público-privada para todo el proceso pertinente al proyecto “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”. La idea, dice Muhammad, no es suspender la licitación, pues eso podría suscitar demandas, sino cambiar el cronograma aplazando la adjudicación, de modo que el gobierno Petro pueda reconducir el proceso de acuerdo con la ley y los intereses de la nación y del Caribe colombiano, en especial de las comunidades que habitan en el territorio de influencia del Canal del Dique, que tienen en ese curso de agua su fuente de vida.
Este caso constituye, sin duda, un claro el ejemplo de la irresponsabilidad del gobierno nacional actual. Todo ha sido irregular en esta licitación. Hay múltiples razones para detener este sospechoso y retorcido trámite que va a terminar comprometiendo a la nación por 15 años en una obra que tiene muchos problemas.
Mencionemos algunas de esas razones.
Si bien se han hecho consultas o audiencias previas, el proyecto no tiene licencia ambiental ni se ha llegado a un acuerdo con las comunidades en la ecorregión. Este requisito viene siendo eludido de manera irregular, con trucos jurídicos y coimas, en otra muestra más del estilo Duque para burlar la ley. Se trata de una inmensa irresponsabilidad.
Otro punto es que en vez de una libre competencia entre diversos oferentes, aquí tenemos una única empresa licitante, la empresa Sacyr. Eso ya sería motivo suficiente para detener la licitación. Pero el asunto es más grave: Sacyr fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) de España, precisamente por cartelización, violando la libre competencia, como está sucediendo en esta licitación. Además, tiene antecedentes de incumplimientos y pleitos con algunos Estados y en Colombia está siendo investigada por la Contraloría en el caso del “puente ondulado” de Hisgaura (Santander).
El abogado y líder social Adil Meléndez ha aclarado que este proyecto no aborda una pertinente restauración ambiental, sino que se trata de un negocio de construcción de una vía fluvial 5G, que afectará a dos millones de personas y a una serie de invaluables ecosistemas.
Por último, pero no menos importante, hay que recordar que la ecorregión del Canal del Dique fue escenario de execrables crímenes por parte de las AUC, como los confesados por Uber Bánquez, excomandante de frente. Este sufrido territorio podría considerarse un camposanto acuático que guarda la memoria de los trágicos sucesos. En un auto del 14 de julio de 2022 la JEP ordenó medidas preventivas por el proyecto en cuestión, dirigidas a Cormagdalena, gobernación del Atlántico y alcaldía de Santa Lucía. También produjo una solicitud de monitoreo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el conflicto. La JEP propone una ruta de trabajo y convoca a una audiencia pública para 20 y 21 de octubre de este año. Adicionalmente, la JEP le exige a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Fondo de Adaptación enviar toda la información sobre el proyecto, conformar comisión de empalme con el nuevo gobierno y elaborar un documento que acepte el trámite cautelar.
La opinión pública debe permanecer alerta esta semana ante este caso. Invito a que hagamos presión por diversos medios para que el gobierno de Iván Duque aplace la adjudicación de la licitación. Pongámosle entre todos dique al Duque y sus negociados billonarios.
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