Por SANDRA GARCÍA
Inicio mi columna parafraseando a Martin Luther King: “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos.”
No es de menos esta frase frente a la desmedida fuerza policial que se registró con el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de un policía de raza blanca (hay que decirlo), reviviendo terribles épocas de nauseabundo racismo y desatando la furia popular, contra la estación de Policía y contra sectores comerciales de esa ciudad. (Ver noticia).
Brutalidad policial que se repite en otros países, como en Chile, donde protestar a muchos les ha costado un ojo de la cara, o los desalmados “robocops” del ESMAD en Colombia que ya tienen un muerto encima, grupos “antidisturbios» que parecerían trabajar coordinadamente al servicio del fascismo político y corporativo que hoy se asoma ominoso sobre gran parte del planeta.
El auge del fascismo como expresión xenófoba o racista no es solo en Estados Unidos sino en otras partes de mundo, alimentado por partidos políticos ultranacionalistas, fanáticos religiosos y emporios económicos que promueven además la aporofobia (odio a los pobres), el machismo y el desprecio hacia minorías raciales o de género. Utilizando la brutalidad como arma, agrediendo o asesinando al que protesta, al que no está de acuerdo, mientras hipócritamente afirman defender la “libertad de expresión”, pero como vehículo para proclamar su extremismo y odio desmedido.
Si de brutalidad autoritaria hablamos, Colombia sabe lo que es una agresión neofascista: cualquier persona que se opone al sistema, proteste o es líder social, se expone a ser violentada y muchas veces asesinada: periodistas, políticos, líderes sociales, jóvenes universitarios, campesinos, testigos claves.
Las famosas ‘chuzadas’ son otra forma de abuso de autoridad, ahora a cargo de brigadas enteras del Ejército Nacional que ejercen espionaje o amenazan a periodistas independientes, políticos y líderes comunitarios, hasta a las madres de Soacha. En un país como Colombia, donde la cultura traqueta impone el “todo vale», se invierten millonadas en reforzar las uniformes y las armas del ESMAD antes que fortalecer la educación, demostrando así que las políticas públicas se basan en reprimir la protesta social o la inconformidad.
El racismo en Colombia subyace y se expresa desde instancias de un poder autoritario en la figura de un funcionario del ministerio del Interior que insulta a indígenas del Cauca con expresiones como “siempre van a ser unos miserables y brutos”, “pirobos hijueputas”, “malparidos, con esos 300.000 se van a comprar flechas”. O la frase ganadora en racismo, la del diputado de la Asamblea de Antioquia Rodrigo Mesa: «meterle plata al Chocó es como meterle perfume a un bollo”.
Militares acusados en investigaciones por la ejecución de 10.000 civiles sin fórmula de juicio (falsos positivos), la Policía y sus vínculos con mafias del microtráfico o pandillas citadinas, las denuncias por violaciones a mujeres y niñas, el abuso físico y psicológico contra gente indefensa, el regreso del desplazamiento de población a la fuerza, el asesinato de jóvenes en las protestas, todo ella deja un sinsabor que nos obliga a cuestionar cuál es el verdadero papel de los organismos de seguridad, pues parecerían estar más bien para proteger intereses de élites económicas y de narcos antes que al servicio del pueblo.
El pomposo título de “héroes de la Patria» para referirse a soldados y policías queda arrinconado por los gritos de dolor de sus víctimas; la “autoridad” queda relegada al nivel de otro grupo armado ilegal, no uno que debería brindar confianza o cohesión social, y que tristemente financiamos con nuestros impuestos.
Iván Duque anunció la extraña llegada de un batallón élite de Estados Unidos, en apariencia para “guiarnos» en la lucha contra el narcotráfico. Pero allí se comete un doble abuso de autoridad, pues se viola la soberanía nacional al permitir tropas de un ejército extranjero, y sin haber pasado por el visto bueno por encima del Congreso, según lo ordena nuestra Constitución Política.
Si de lucha contra el narcotráfico hablan, deberían comenzar por el mismo presidente de la República favorecido en su campaña electoral por la compra de votos del narcotraficante José el Ñeñe Hernández. Esto es clara demostración de que la violencia de la autoridad se aplica sobre indígenas o campesinos indefensos que subsisten del cultivo de coca, pero a la mafia -a la verdadera mafia- nunca se le toca.
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