El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró la decisión de la Corte Constitucional que avala la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Para el ministerio, este fallo representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza.
“Es una excelente noticia ad portas de la COP16, la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al Acuerdo de Escazú. ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida”, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
La ministra también aseguró que “esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país. Nuestro reconocimiento a todas las organizaciones ambientales y ciudadanías que por varios años se movilizaron para que esto hoy sea una realidad. Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron el acuerdo en América Latina y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia ambiental en el país”.
La decisión de la Corte Constitucional, que se dio en el marco del control constitucional de la Ley 2273 de 2022, es coherente con la sólida línea jurisprudencial en materia de derechos humanos que ha caracterizado a la Corte. Este aval se da tras dos años de su ratificación en el Congreso de la República gracias al trabajo del Gobierno del Cambio. Con Escazú se fortalece la estructura del Estado colombiano para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, aspectos esenciales para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.
Un paso decisivo hacia la implementación
Desde la sanción de la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú por parte del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional ha trabajado intensamente en las condiciones necesarias para su implementación efectiva. El Ministerio de Ambiente ha liderado este proceso, diseñando una ruta estratégica que incluye la realización de talleres, mesas de socialización y la creación de un protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión contra defensores ambientales.
El Ministerio avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas.
En línea con los principios del Acuerdo de Escazú, el Minambiente lanzó el programa ‘Alerta por mi ambiente’, una iniciativa que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia. Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Además, el desarrollo del Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales es un compromiso firme del Ministerio para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida a la protección del ambiente. En lo que queda del año, se realizará un despliegue territorial en 13 ecorregiones priorizadas, donde se entablarán diálogos con los defensores ambientales para visibilizar su labor y construir conjuntamente una hoja de ruta con enfoque territorial.
La ratificación del Acuerdo de Escazú marca un antes y un después en la historia ambiental de Colombia. Este acuerdo no solo es un triunfo para la democracia ambiental, sino que también ratifica el compromiso del país con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico inclusivo y la protección de la biodiversidad. Con esta decisión, Colombia avanza en la construcción de un futuro más justo y equitativo para las presentes y futuras generaciones.
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