Por DÉBORA ESCUDERO
Erwing Rodríguez-Salah es uno de los más reconocidos conocedores del conflicto ambiental-minero alrededor del páramo de Santurbán, si no el que más. Desde el sector privado, en particular desde su columna de Vanguardia, expone puntos de vista contundentes y reclama a las autoridades departamentales y nacionales la adopción de medidas en defensa del agua, por encima de los intereses de las empresas mineras. Además, Rodríguez-Salah es uno de los accionantes de la tutela que, en revisión por la Corte Constitucional, dio origen a la Sentencia T-361 que exigió al ministerio de Ambiente una nueva delimitación para el páramo de Santurbán.
En entrevista para El Unicornio hace importantes precisiones sobre lo que se esconde detrás de la decisión “política” del actual gobierno, en lo referente a la delimitación de los páramos.
“La licencia para Minesa en Santurbán la vamos a impedir”: ER–S
Tengo la impresión de que en lo referente a la delimitación del páramo de Santurbán y de los páramos en general, el gobierno está enredando la pita. ¿Usted qué cree?
Modestia aparte, me precio de haber sido el principal opositor y crítico de la delimitación de los páramos desde que el gobierno de Juan Manuel Santos la anunció, en 2011. De hecho, cuando él informó que iba a delimitar los 37 sistemas paramunos que hay en nuestro país, yo dije que con eso de la delimitación se iba a configurar el engaño más grande en la historia ambiental del país. De pronto algunos tomaron mi afirmación como algo extremo. Sin embargo, una vez hecha realidad la delimitación de Santurbán, con la expedición de la Resolución 2090 de 2014, tuvimos que entrar al “juego” de la delimitación; interpusimos una acción de tutela que, en revisión por la Corte Constitucional, dio origen a la Sentencia T-361 que exigió una nueva delimitación para Santurbán por considerar que esta vulneró el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas por ella.
Pero, ¿fue o no fue algo extremo haber dicho eso?
No fue extremo. Lo único cierto es que el Gobierno, consciente de que no se podía hacer minería en los páramos y con el antecedente de que en la época de la Greystar, años 2010-2011, desde Fenalco Santander logramos detener la explotación a cielo abierto en Santurbán, se inventó lo de delimitarlos. ¡Siendo que los páramos ya estaban delimitados por el Instituto Humboldt! Cosa diferente es que se requiriera de una mayor precisión cartográfica, pero no. Lo que el entonces ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, vino a presentar el 19 de diciembre de 2014 a Bucaramanga, fue una Resolución 2090 acomodaticia minera, a manera de mapa para la explotación minera.
¿Si le entiendo bien, para favorecer los intereses de la minería subieron la cota explotable…?
No se trata de subir o de bajar. Se trata más bien de saber que, desde la óptica del Gobierno, es infinito el número de posibilidades de correr una cerca, de manera que dé un número determinado de hectáreas en su interior a la que el mismo Gobierno denomine “paramo”, para favorecer intereses mineros. Pueden bajar la cota en un lado, pero subirla en otro.
¿Y al gobierno Santos le cabe alguna culpa en eso…?
¡Claro! En su afán de privilegiar intereses mineros escindieron, sin ninguna justificación científica, más de 30.000 hectáreas de lo que el Instituto Humboldt considera páramo.
¿Esas hectáreas eran intocables hasta ese momento?
En algún momento dije para un medio, con cierto sarcasmo: ¡oh que sorpresa, se escindió una cifra bastante similar a la que se había concesionado en títulos mineros, más de 30.000 hectáreas. Es decir, para la delimitación de Santurbán se partió de 135.000 hectáreas protegidas de páramo, y después de la resolución 2090 ¡se disminuyó la protección a solo 98.000 hectáreas!
Increíble.
Más que increíble, es lo que yo llamo para Santurbán el teatro del absurdo. La resolución 2090 hizo una zonificación y contempló una zona de restauración donde dizque se puede hacer minería, hágame el favor, es un absurdo: ¡todos sabemos que si hay algo incompatible con la restauración de un ecosistema… es precisamente la actividad minera!
¿Y por qué no acuden a una instancia superior…?
El tema Santurbán, por nuestra tutela, llegó a la Corte Constitucional, fíjese usted, y la Corte nos dio la razón. El gobierno Santos esgrimió que para esa delimitación se apoyaron en unos “estudios económicos y sociales” que, como lo reconoció la sentencia T-361/17, jamás nos los dieron a conocer a los accionantes de la tutela. En ese entonces pedimos ¡Que nos muestren los estudios económicos y sociales en los cuales se apalancó la delimitación!, y no nos los mostraron
En alguna columna de El Espectador Ramiro Bejarano dijo que los que se oponen a la gran minería son unos “terroristas ambientales”.
Para Ramiro Bejarano, según una de sus columnas, soy el ambientalista extremo V. Él decía que soy un odioso porque solo me interesa el agua de Bucaramanga. Yo le respondí diciéndole “un momentico, eso es cortoplacista; los que estamos defendiendo el agua y los páramos, defendemos el agua que consumimos el 80 por ciento de los colombianos”.
¿Qué tiene que ver la delimitación de los páramos con la defensa del agua?
Se espera que la delimitación de un ecosistema vital y estratégico tan vulnerable y frágil como los páramos se haga para su protección y conservación, pero no: en nuestro país la delimitación se está haciendo es con fines mineros. Así las cosas, se generan dos conceptos: 1-) Delimitación política al servicio de las empresas mineras, sin priorizar el agua para el consumo humano. 2-) En contraposición a la anterior, una delimitación técnico-científica con todos los estudios científicos pertinentes y suficientes, como son los hidrológicos e hidrogeológicos, que venimos recomendando, y que consideramos imprescindibles y fundamentales a la hora de entrar a delimitar un ecosistema.
¿Cuánto pueden durar esos estudios?
Pueden tardar al menos 5 años en realizarse. El gobierno de Duque primero pidió una prórroga de ocho meses y luego otra de cinco meses, tiempo en el que es imposible que se realicen los estudios con el rigor científico requerido.
Pero, ¿cuándo vamos a tener información sobre la nueva delimitación de los páramos?
Estamos a la espera del cronograma porque ni siquiera se han iniciado las reuniones de la fase de concertación. Si la Corte sentenció que se debía repetir la delimitación de Santurbán, fue porque no se concertó ni con los accionantes ni con las comunidades afectadas por la delimitación.
¿Qué posición tienen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en este tema de la delimitación de los páramos?
Las Corporaciones Autónomas Regionales están completamente politizadas. Hay una paradoja, y es que en las autoridades ambientales podrá haber funcionarios muy competentes, tecnócratas que conocen muy bien su tema, pero las decisiones se toman políticamente. O sea, llega un técnico muy conocedor y da el dictamen, pero el director dice que la decisión es otra.
¿Y cómo entra Minesa a jugar ahí?
Por mucho que Minesa pretenda algo diferente, los proyectos mineros ubicados por encima de las bocatomas del acueducto son inviables e indefendibles. El hecho de que el gobierno Duque quiera hacerles el favor con una delimitación político-minera, no significa que se puedan aprobar proyectos que van en contravía de la normatividad ambiental vigente. Proyectos que además son muy fáciles de ser rebatidos con argumentos técnicos y científicos. De otro lado, a las mineras también les corresponde demostrar con argumentos técnico-científicos que no van a contaminar el agua, pero no lo han podido hacer.
¿Y en todo esto cómo ve usted al ministro ad hoc designado por el gobierno, Alberto Carrasquilla?
Aquí lo de ese ministro es lo de menos –aunque Carrasquilla sea percibido como el ministro más inescrupuloso- pues independiente del ministro que sea designado, en la práctica llevará la voz y decisión de Duque al Consejo Técnico Consultivo de la ANLA, para el caso particular del proyecto de Minesa.
Queda la impresión de que el ministro de Ambiente en propiedad, Ricardo Lozano, eludió su compromiso por ser santandereano, para evitar que lo estigmaticen sus paisanos por la decisión que viene en camino. Y por eso nombraron a Carrasquilla. ¿O me equivoco?
Sin importar quién alce más alto la voz, la decisión final es de Duque. Así de sencillo.
La pregunta es ¿por qué Ricardo Lozano se declara impedido?
Él lo explicó en El Espectador. Él estuvo de director del Centro Nacional de Agua, y hasta allá llegaron los inversionistas de este fondo ya con Minesa, y pidieron una asesoría al ministro respecto a qué debían hacer, y creo que fue por eso que se declaró impedido.
¿Usted cree que el gobierno terminará por imponer su parecer? O sea, ¿que habrá licencia para Minesa?
Yo me sitúo del lado optimista: lo vamos a impedir. Así tengamos que estar de acción legal en acción legal, como ya le dijimos los accionantes al ministro Lozano. En 2011 comenzaron las grandes movilizaciones y las marchas, y desde entonces seguimos en la pelea. Lo que en 2010 parecía una realidad inminente (la explotación del oro de Santurbán), diez años después sigue siendo tema de disputa. Eso siempre ha estado contra la voluntad del pueblo santandereano, que jamás dará la licencia social a ese tipo de proyectos en Santurbán.
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