Por JAIME DAVID PINILLA*
El 9 de abril es una fecha que insiste en hacerse memorable. En el de 2024 la fiscalía radicó el escrito de acusación contra Álvaro Uribe, y ello tiene dos méritos sobre los cuales vale la pena hacer foco.
Por un lado, el hecho de que el escrito de acusación haya llegado justo el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas es significativo, en tanto Uribe tiene tanta relevancia y figuración dentro del conflicto armado, muy en particular con el paramilitarismo y la célebre herida de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Le corresponde a la justicia determinar si él tuvo o no responsabilidad en esos hechos, pero el castigo social y la relación que se establece entre Uribe, el paramilitarismo y los falsos positivos no son sacados del sombrero, por el contrario, hay muchos indicios que legitiman esas sospechas.
El segundo mérito de la que fue noticia nacional es el hecho de que devuelve a la fiscalía la característica que resulta “alma y nervio” de la entidad, y que había perdido en la “era Barbosa”, al menos en este caso: ser el ente acusador. Recordemos que desde que Uribe renunció al Senado por segunda vez (había renunciado dos años antes a Macías, pero se arrepintió) fue para que su caso pasara a manos de una fiscalía que él sabía sería su defensa, como en efecto lo fue.
Así las cosas, esta acusación no es otra cosa que la reivindicación de la Fiscalía, su regreso al rol que siempre debió desempeñar en un caso que minó su credibilidad casi hasta el ridículo y que le mereció el regaño de los jueces en más de una ocasión. El fiscal Gabriel Jaimes, por ejemplo, pese a su pésima actuación en el caso, fue condecorado después por Barbosa y por el mismo Iván Duque en un acto de verdadera provocación a la opinión pública, para la que Jaimes era un auténtico hazmerreír de la justicia.
Así, pues, este reciente escrito de acusación es mucho más que eso, y aunque esa debería ser la noticia, no lo es, al menos en los grandes medios de comunicación del país. Aunque es caso aparte la Revista Semana, que ahora llama persecución política a un caso que empezó en 2012, todos caen en la tentación de politizar el hecho porque el actual gobierno es de la orilla política opuesta a la del expresidente -antes imputado y ahora, por fin, acusado- de desatender o minimizar la importancia que tiene para la institucionalidad. Ojalá el árbol no nos impida ver el bosque, la “era Camargo” ha comenzado en la Fiscalía.
* Historiador de la Universidad Industrial de Santander. Corrector de textos para editoriales. Ha colaborado en publicaciones de la FAO y varias ONG. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo (Correcta), de la que es miembro fundador. Formó parte del equipo editorial que tuvo a cargo el Informe final de la Comisión de la Verdad.
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