Con el paso de los días y las nuevas noticias va quedando ratificado que cualquier forma de lucha contra la corrupción pública o privada en Colombia está condenada al fracaso. No es posible acabar con ese fenómeno cultural porque ahí confluyen los intereses de poderosos agentes económicos y sociales de la sociedad civil que se sirven de políticos y jueces para mantener vigentes y aceitadas las redes de corrupción; también concurren las necesidades de millones de seres humanos dispuestos a vender sus almas con tal de llevar algo de comer a las familias.
El caso de Odebrecht como fenómeno multifactorial resulta paradigmático y ejemplarizante: quienes se beneficiaron económica y políticamente de los dineros girados por la multinacional brasilera, buscaron llegar al Estado no solo para naturalizar la corrupción, sino para hacerla legítima mediante la entrega de subsidios y contratos a todos los que los respaldaron en las urnas.
La decisión del excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, de irse solito al cadalso y proteger así a los demás involucrados en el entramado de corrupción, se explica porque sabe que no puede delatar un régimen de poder con raíces mafiosas, por tanto criminales. Sobre este se apoya la operación, en muchas ocasiones «legal», del doble Estado que tenemos en Colombia.
No hay juez, magistrado o fiscal capaz de compulsar copias para que se investigue a grandes empresarios, miembros de familias prestantes o jefes políticos. Hacerlo generaría una crisis económica y política de impredecibles consecuencias. La sola operación de ese doble Estado impide a los jueces y fiscales más eficientes y probos tocar a las cabezas de cada entramado de corrupción descubierto.
Ni siquiera con la eventual llegada del FBI se lograría desnudar las finas redes de corrupción que se tejieron en el caso de Odebrecht. La competencia extraterritorial de ese organismo americano está limitada por las conveniencias políticas enmarcadas en las relaciones bilaterales USA- Colombia, que no escapan, por supuesto, a las prácticas corruptas. La cooperación internacional no es precisamente una urna impoluta.
Por ser un fenómeno multifactorial complejo, la corrupción hace rato dejó de ser un asunto moral y ético, para convertirse en un asunto económico-político que se resuelve desde los valores transaccionales del capitalismo. Y el capitalismo, como sistema dominante, debe sobrevivir, así su operación en Colombia y en el mundo se considere inmoral, poco ética y oprobiosa.
Incluso, si este gobierno decide convocar a la prometida comisión internacional como la que lideró en Guatemala el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, para investigar casos ejemplarizantes de corrupción, los resultados de esa investigación siempre serían parciales por el riesgo que supone poner en evidencia al régimen de poder sobre el que opera el doble Estado en Colombia. Es más, desde la misma «comunidad internacional» se prenderían las alarmas en función de evitar el colapso total del sistema cultural dominante en Colombia, que es la fuente de donde brota el ethos mafioso y la corrupción.
Por todo lo anterior, es inútil usar electoralmente la «lucha contra la corrupción”, como hoy lo vuelve a hacer el corrupto e imputado Rodolfo Hernández, porque ya nadie lo cree. Y no se trata de ser cómplices de las redes corruptas. Simplemente, de lo que se trata es de no vender falsas expectativas. Es mejor hablar de eficiencia en el desempeño de la función pública, obviamente, vigilando que no se den prácticas propias del ethos mafioso que se naturalizó en Colombia y en el mundo, de la mano del capitalismo (también de la mano del socialismo).
Al final, todos los problemas y los aciertos de la humanidad se gestan de una misma fuente: la aviesa condición humana. Y esta, puede devenir perversa y aviesa, pero también honorable.
@germanayalaosor
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